Catedráticos y constitucionalistas de la Universidad de Panamá emiten criterio sobre la regulación

En alusión a la crisis por la que atraviesa el país, el Semanario La Universidad consultó a constitucionalistas y docentes de la Casa de Octavio Méndez Pereira, sobre lo referente a la justicia social consignada en la Carta Magna.

El Título X de la Constitución Política, referente a la economía nacional, menciona la justicia social en contexto con las necesidades sociales. Al respecto, el artículo 284 mandata: “El Estado intervendrá en toda clase de empresas, dentro de la reglamentación que establezca la ley, para hacer efectiva la justicia social a que se refiere la presente Constitución”.

En el primer punto del citado artículo el texto constitucional señala: “Regular por medio de mecanismos especiales las tarifas, los servicios y los precios de los artículos de cualquier naturaleza, y especialmente los de primera necesidad.

El constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, magíster Daniel Antonio Vargas Araúz, destaca que, efectivamente el Estado tiene la obligación de regular a las empresas. Seguidamente cavila; pero no lo hace por miedo a perjudicar a los empresarios. El sector empresarial entiende que el Estado puede intervenir para regular a las empresas, por lo que alza su voz diciendo que el comunismo ha llegado a Panamá, sostiene Vargas.

Interpreta la acción como una reacción ante la posible pérdida de privilegios tras lo establecido por el artículo 284.  

Mientras sostiene que los subsidios solo benefician al sector empresarial con sus desenfrenadas ganancias, el jurista asegura que también se trata de un abuso que violenta el derecho social.

El abogado, constitucionalista y catedrático de Derecho, también de la UP, doctor Miguel Antonio Bernal, explica que el artículo 284 de la Constitución señala que el Estado puede intervenir a todas las empresas para hacer efectiva la justicia social. Este artículo, en su totalidad, ha sido desconocido por el Órgano Ejecutivo.

El jurista concluye que el Gobierno no tiene la voluntad para regular porque reduciría las desmedidas ganancias que tienen los empresarios.

De acuerdo con Bernal los subsidios son medidas populistas que utiliza el Gobierno para obtener el voto. Dicha inversión solo recarga al Estado con deudas y el único beneficiado es el sector empresarial.

Para el constitucionalista el subsidio es la peor medida que puede adoptar el Gobierno porque solo intensifica el problema al no encontrar una solución definitiva.

Por su parte, el decano de la Facultad de Economía, profesor Rolando Gordón Canto, señala que los subsidios afectan los ingresos del Estado. Considera que estos beneficios sociales en el futuro tienen que ser mejor evaluados. En el caso de los agricultores, que vayan dirigidos a que la producción aumente y que bajen los costos.

Para el docente, todos resultan perjudicados con esta crisis. Argumenta que, según algunos economistas, en términos monetarios, el Producto Interno Bruto de este año caerá en unos mil millones.

Advierte que la deuda es cuantiosa, supera los 42 mil millones. Según su explicación, pese a cada dólar de ingreso que recibe el Estado, por ejemplo, cobro de impuestos, aportes del Canal de Panamá, tendría que pagar 69 centésimos de cada dólar si tuviera que pagar la deuda de inmediato. Asegura que ante tal escenario al Gobierno o al Estado no le quedaría dinero para resolver los problemas.

Gordón Canto considera que el Estado tiene que renegociar la deuda. ¿Qué significa? Hablar con la gente que le ha prestado dinero en el ámbito internacional, es decir, los bancos.

De acuerdo al docente y economista, doctor Gersan Joseph, para acabar con los especuladores se deben buscar mecanismos que propicien el intercambio directo entre productores y compradores.

Gordón Canto subraya que se debe dar una mayor contención del gasto público y recortar viáticos, viajes, planillas innecesarias y gasolina a ministros y diputados, entre otros. Estos últimos siguen recibiendo la gasolina gratis a pesar de tener capacidad de compra.

La interpretación de otra abogada, en este caso, de la directora del Centro de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, magíster Arelis Ureña, el Gobierno ignora el artículo 284 para mantener el marcado contubernio con la empresa privada y aumentar los precios.

Sostiene que en la mesa del diálogo los representantes del Estado tienen la oportunidad de hacer lo correcto, pero todo indica que temen encontrar una solución por la manera en que dilatan las negociaciones.