Lic. Omar A. Joseph /Relacionista Público
El presente contraste, de esta primera edición, analiza el reto que tiene el Gobierno y la posible incertidumbre, que el proyecto de ley 163, podría estar provocando en la población, en torno al sistema de pensiones.
¿Las reformas son suficientes para garantizar la sostenibilidad de la CSS o se necesitan cambios más profundos?
E.C:
Son un esfuerzo tímido para abordar una crisis estructural en el sistema de la institución. No podemos pensar en sostenibilidad sin repensar en el modelo económico que sostiene las finanzas de la seguridad social. Esto implica atacar de raíz la informalidad laboral, redistribuir las cargas fiscales y construir un pacto solidario. El sistema actual está diseñado para sobrevivir, no para prosperar ni garantizar justicia social intergeneracional.
I.G:
Es insuficiente para aliviar las finanzas del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). No resuelve los problemas estructurales, y queda siendo un traje a la medida para administradoras de pensiones, entregándole el IVM en bandeja de plata.
Además, elimina una serie de pensiones que actualmente existen, como la pensión por supervivencia. También, le da un caramelo a la industria de bebidas gaseosas al eliminar el impuesto selectivo a la soda, y los préstamos blandos que podía ser un interesante ingreso para la seguridad social.
Se necesitan cambios profundos, que mejoren la relación cotizante-pensionado y no leyes cosméticas que solo sería “pelotear” el problema.
¿Futuro para los jóvenes frente a la propuesta original?
E.C:
Si el Proyecto de Ley 163 se aprueba sin modificaciones significativas, las juventudes estarán condenadas a un sistema cada vez más desigual.
La promesa de una vejez digna será inalcanzable para la mayoría.
Es un modelo que perpetúa la precarización, porque no combate las causas estructurales del déficit, como la evasión de las grandes empresas y la falta de generación de empleo digno.
El futuro será un escenario de mayor desigualdad y frustración, lo que podría desencadenar movimientos sociales en busca de una reforma real. Los jóvenes no merecemos heredar un sistema colapsado, sino uno renovado que priorice la dignidad y la justicia.
I.G:
El escenario es dantesco, bajo cualquier prisma que se vea. No hay el mayor de los intereses de abordar una política pública que refuerce la seguridad social, promoviendo la afiliación de cuentapropistas, la recuperación de las cuotas obrero-patronales retenidas y no reconocidas, la formalización de trabajadores informales, la atracción de inversión y una buena rentabilidad de los fondos por medio de créditos, es decir, préstamos a financieras.
De nada funciona ajustar medidas paramétricas.
¿Según su punto de vista cuál sería un aspecto clave para modificar y por qué?
E.C:
Incorporar una base contributiva más amplia y progresiva. Esto implica que quienes más tienen deben aportar más, incluyendo impuestos a las grandes fortunas y una fiscalización estricta contra la evasión fiscal.
Además, impulsaría políticas para formalizar el empleo, el empleo no remunerado, y fomentar la inclusión de jóvenes en la economía formal. Sin esto, cualquier reforma será un paliativo, no una solución.
I.G:
Necesitamos rentabilidad, pero esto se logra invirtiendo nuestro dinero de seguridad social en créditos para inversión de infraestructura, permitir los préstamos blandos para residencia, paneles solares y estudios.
También, que la administración de los Corredores Norte y Sur pase a manos de la CSS y el dinero no pase al “Tesoro Nacional”. Recuperar los impuestos eludidos (que superan los aportes que realiza el Canal de Panamá) y establecer una tasa por el pase de fibra óptica en nuestro país.
¿Qué papel ha jugado la academia, particularmente la Universidad de Panamá en la discusión y análisis?
E.C:
Ha sido un bastión para el análisis crítico y el debate sobre la seguridad social. Se presentó un documento sin precedentes en búsqueda de una salida efectiva para solventar la crisis.
Es fundamental que las universidades se conviertan en un puente entre el conocimiento técnico y las demandas sociales, generando propuestas viables que respondan a las necesidades del pueblo.
Como estudiantes, apoyamos esta propuesta y salvaguardamos el principio de que nuestra academia sea una voz activa en estos debates, educando a la población y promoviendo una verdadera democracia participativa. Las universidades públicas deben ser faros de cambio social, no islas desconectadas de la realidad nacional.
I.G:
Como conciencia crítica, la UP ha presentado informes y documentos científicos que diagnostican la problemática de la seguridad social y del subsistema mixto. A su vez, ha expresado preocupación acerca de los puntos que adolece el proyecto de ley 163 de 2024. Nuevamente, la universidad jugará su rol de atalaya de los problemas nacionales, para dar una luz a la sociedad sobre posibles soluciones a la seguridad social.