Carlos I. Caballero G./Texto y fotos
La propuesta del proyecto de Ley 163 presentada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional se mantiene en segundo debate en el pleno de ese Órgano del Estado. Al respecto del referido clima, especialistas y académicos de la Universidad de Panamá plantean algunas valoraciones sobre el asunto.
Para Aresio Valiente López, director del Centro de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, después del tercer debate el proyecto de Ley 163, corresponde a la Asamblea enviarlo a la Presidencia de la República para su sanción o veto –desaprobación-.
En caso de ser vetado, el presidente, José Raúl Mulino, a través de un escrito, debe justificar las causas de la desaprobación. Una vez sustentada la denegación, el documento debe remitirse al pleno de la Asamblea. En ese sentido, el Órgano Legislativo puede enviarlo a discusión en el primer o segundo debate para realizar cambios.
De no haber cambios, los diputados, por ley, tienen la facultad de aprobarlo por insistencia y mandarlo al Ejecutivo. De vuelta al Ejecutivo el Gobernante tiene las opciones de firmar o trasladar el caso a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que dará apertura a un proceso constitucional denominado inexequibilidad -que no se ajusta a la Constitución Política-.
El proceso de inexequibilidad lo presenta el Presidente en contra del proyecto de ley para que la CSJ decida si es constitucional o no. En caso de determinar que es exequible -que se ajusta a la Constitución Política-, el Presidente está obligado a firmar. Sin embargo, si la CSJ declara que, es inexequible el Mandatario no está obligado a firmar.
Raúl Jordán, abogado y profesor de la Facultad de Derecho, explica que el ordenamiento jurídico le permite al presidente Mulino vetar el proyecto de Ley cuando llegue al Ejecutivo.
Si el documento enviado es contrario a los objetivos que persigue, tiene la facultad de vetarlo. La Constitución Política de la República le permite ejercer este derecho.
Comenta que para el Presidente el proyecto de Ley 163 tiene un enfoque político- social. El escrito debe contener al menos el 90% de las propuestas originales aprobadas por la Asamblea para que Mulino lo apruebe.
José Clemente Lasso, director del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades, destaca que las posibilidades de que el presidente José Raúl Mulino no vete la norma aumentan. Añade que en segundo debate los sectores afines al Gobernante insistirán en que se mantenga la propuesta original.
Es decir, que la edad de Jubilación para los hombres aumente de 62 a 65 años y para las mujeres de 57 a 60 años. Además, el traslado de los fondos de la Caja de Seguro Social (CSS) a las aseguradoras cuenta con el consentimiento del Presidente.
Señala que es posible que el Presidente vete la propuesta de Ley si no aumentan la edad de jubilación.
Sostiene que en caso de que los diputados aprueben las reformas del Órgano Ejecutivo cabe la posibilidad de que el país se encuentre a las puertas de una explosión social.
Rebeca Yanis Orobio, socióloga e investigadora del Instituto de Estudios Nacionales (Iden) de la Universidad de Panamá, advierte que, la sociedad rechaza que los fondos de la CSS sean manejados por instituciones financieras privadas.
La sociedad considera dicho movimiento como un atraco a las finanzas de la caja. Agrega, que las cuotas del seguro pertenecen al pueblo, al tiempo que cataloga la jugada del Gobierno como deshonesta y descarada.
Explica que desde el principio el Ejecutivo diseñó el proyecto de Ley 163 para proteger los intereses de la empresa privada. Con dicha propuesta, los que no se encuentran en el rango de los 8 años para jubilarse, miran con preocupación el futuro.
Panamá se encuentra a las puertas de una explosión social que podría traer confrontación.