Venicia Chang M./La autora es abogada, relacionista internacional y docente universitaria.
La UP institución pública, con autonomía, conocida como la Universidad del Pueblo, durante sus 84 años ha aportado al mercado laboral más de 245,343 profesionales en distintas áreas, contribuyendo con el desarrollo científico, cultural, académico, político, económico y social del país. Cuenta con 309 carreras, 169 pregrados, 140 postgrados, 19 facultades, 71,371 estudiantes matriculados y 4,700 docentes; distribuidos en los 10 Centros Regionales Universitarios, 5 Extensiones Universitarias y 27 Programas Anexos. Brinda servicios a la comunidad universitaria, desarrollamos programas de extensión, proyectos de investigación y asistencia a la población (consultorios jurídicos).
Los tres Panamá (ciudad capital, interior del país y las comarcas), con desigualdades y carencias, hizo que la UP llegara a aquellas zonas olvidadas, con el único interés de educar, para poder contribuir a que los olvidados, empezaran a generar riquezas y salieran del círculo de la pobreza. Apostamos por educar a ese ciudadano que no podía salir de su entorno llevando la universidad a él.
La Resolución de Gabinete Nº 65 de 25 de julio pasado, aprobó medidas de contención del gasto para la vigencia fiscal 2019, afectando la educación pública, so pretexto del programa de Austeridad con eficacia del gobierno. A la UP se le recortan B/.14.1 millones. Conscientes que hay que cumplir con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y que, la situación de déficit, sobrepasa al límite permitido, los universitarios no somos responsables de los malos manejos de las finanzas públicas, pero cuando recortan el presupuesto a la educación, se paraliza el desarrollo nacional. Recorte que nos afecta de forma directa en la compra de bienes y servicios, en la formación de profesionales, en los servicios que ofrecemos, operaciones necesarias para el funcionamiento de la UP.
Otras entidades estatales seguirán teniendo gastos superfluos (alquileres de vehículos de lujo, servicios de banquetes, gastos en planillas, publicidad estatal, los viajes, etc.) y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué contener el gasto en educación? si ha sido el Ejecutivo quien, en los últimos 15 años, no ha manejado adecuadamente el presupuesto estatal, y ha endeudado al país.
En vez de recortar el derecho de los estudiantes, deberían buscar la manera de recuperar los más de B/.1000 millones en sobrecostos de las obras que han ocasionado los déficits fiscales; y eliminar las partidas de los diputados. Conscientes estamos que el dinero no es polvo de hadas y que nosotros, los universitarios, no somos ni ninfas ni elfos. Recuerde señor Presidente, que la educación pública fue prioridad durante su campaña y que debe demostrarlo con hechos y no con palabras.