Luis Oldemar Guerra *Periodista/Fotos : Cortesia de Grupo Experimental de Cine Universitario de la UP (GECU) y tomada de https://www.google.com/search?q=invasi%C3%B3n+a+Panam%C3%A1&tbm=isch&ved
Después de 33 años de la invasión estadounidense a Panamá, persiste, a través de diversas voces, el descontento ante la ausencia de reclamaciones y demandas contra Estados Unidos, por los gobiernos que han administrado el país después de la intervención militar. Y, sobre todo, por esta fecha que muchos conciben como “Prohibido Olvidar”.
El catedrático universitario y jurista, doctor Miguel Antonio Bernal, dijo que, a pesar del tiempo transcurrido, las heridas siguen abiertas. Los gobiernos que se han sucedido en el poder han eludido las reclamaciones y evitan que se conozca toda la verdad de las consecuencias que este hecho acarreó para el país.
Para el abogado y docente de la UP el tema sustancial no está en declarar el 20 de diciembre como día cívico. Contrario a ello sostiene: “Aquí se ha dejado de enseñar la materia Relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Se ha dejado de tener una educación integral para que Panamá logre alcanzar un estatus de país, de Estado, con la política y la personalidad propia que le corresponde en una sociedad moderna”.
Por su parte, el decano de la Facultad de Economía, magíster Rolando Gordón, argumentó que en cuanto a resarcir al país, Panamá nunca ha presentado un reclamo fuerte a Estados Unidos, incluso, hubo problemas para que se pudiera nombrar una comisión que investigara. “No creo que a esta altura se vaya a dar, esa es la triste realidad de nuestro país”, expresó el economista de la UP.
La abogada Gilma Camargo, representante legal de los querellantes panameños, consultada por el Semanario La Universidad en torno al hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), falló a favor del Estado de Panamá, indicó que el informe 121/18 Caso 10.573 de la Organización de Estados Americanos (OEA), anota varias recomendaciones que fueron presentadas al gobierno estadounidense.
Cabe recordar que Estados Unidos no acató tal decisión de 6 de diciembre de 2017, denunció.
Entre las recomendaciones del fallo que cita Camargo, menciona: reparar integralmente las violaciones de derechos humanos -establecidas en el presente informe-, tanto en el aspecto material como en el inmaterial.
Asimismo, sostiene que el Estado (EE.UU.) deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción.
La Comisión considera que a efectos de cumplir con esta recomendación el Estado (EE.UU.) debe crear, a la brevedad, un mecanismo especial, por iniciativa propia e independiente de las iniciativas que pudiese tomar el Estado panameño, a fin de que se materialicen las reparaciones aplicables a cada grupo de víctimas, considerando la naturaleza de las violaciones declaradas.
La abogada fue enfática al decir que, desde la publicación del informe, se debe garantizar la seguridad de cada uno de los 272 peticionarios, para que no sufran ningún tipo de percance -ellos y sus familiares-. Agregó que el presente fallo, crea un precedente, porque es la primera vez que el pueblo le gana un caso al Gobierno de los Estados Unidos.
El presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, Edgar Joel Cedeño, dijo: “recordar el 20 de diciembre nos llena de mucho dolor y duelo”.
Como jóvenes, en la actualidad tenemos el deber generacional con los mártires, de reclamar lo ocurrido con las víctimas que, en plena víspera de Navidad, fueron asesinadas y masacradas por un gobierno opresor, por una operación que no debía pasar, por una imposición, un capricho de Estados Unidos, destacó Cedeño.
En tanto, el estudiante de Filosofía, Ética y Valores, de la Escuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades, Enrique Vaughan, acotó que lo que más le preocupa después de la invasión, no es lo que no se ha hecho, sino lo que en verdad se hizo, pero no en beneficio del país.
Vaughan se refiere a que Panamá y Estados Unidos durante la presidencia de Mireya Moscoso, en febrero de 2002, firmaron el Tratado Salas-Becker, denominado Arreglo Complementario. El acuerdo permite la entrada del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos (U.S. Coast Guard) en el espacio marítimo panameño.
El profesor e internacionalista, Julio Yau Villalaz, ha denunciado que el tratado “forma parte de un conjunto de acuerdos simplificados mediante canje de notas que debieron ser debatidos por la Asamblea Nacional (AN) ya que violan la Constitución Nacional, el Tratado de Neutralidad y el Derecho Internacional.
