Carlos Caballero/Periodista*Fotos cortesía de Felizbeth Roque
La falta de una política de Estado responsable, que no varíe por la llegada de nuevos regentes políticos, la cobertura y apoyo a grandes y pequeños productores del sector agrícola, frente a la importación de rubros, en detrimento de la producción nacional, forman parte del horizonte que vislumbra el próximo quinquenio.
A solo días de efectuarse las próximas elecciones generales hay temas nacionales que representan un desafío. La producción agrícola es uno de ellos. De acuerdo con docentes y especialistas de la Universidad de Panamá, el panorama empeora debido a la situación financiera por la que atraviesa la nación y a décadas de practicarse políticas públicas inconclusas que han mermado su desarrollo.
Sigerico Ortiz, docente y doctor en Ciencias Económicas de la Facultad de Economía, señala que, Panamá mantiene 50 mil millones de dólares en deuda externa y que con el Tratado de Libre Comercio (TLC), con Estados Unidos, que empezará a regir este año, es difícil que el nuevo Gobierno pueda brindar ayuda de calidad al sector agropecuario.
Con el TLC se podrá introducir un indeterminado número de productos que pondrán en peligro la producción nacional; entre algunos, frutas, hortalizas, lácteos, carnes, flores y café.
Ortiz explica que las proyecciones del agro no son claras debido a que el país está en un período de transición política. Las medidas económicas no se harán visibles este año, la situación indica que el sector agro continuará siendo un área inestable.
Cuestiona que los aspirantes a la presidencia prometen traer inversiones al agro, lo cual no tiene sentido. El sector necesita estabilidad económica que debe darse a través del financiamiento proveniente del Gobierno, sin embargo, la realidad monetaria del país indica que la estabilidad está lejos de ser alcanzada.
Destaca que el sector necesita ayuda a largo plazo, sin embargo, se opera a base de improvisación económica, la cual en 2023 contribuyó a que se perdiera mucha cosecha.
El ingeniero Eldis Barnes, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA), sostiene que, a partir de 2024, el sector atravesará escenarios difíciles y no solo por el cambio de Gobierno, coincide con Ortiz en que la entrada del TLC, permite la libre importación de bienes agropecuarios.
Agrega que la carne, el pollo y el arroz son parte de los rubros más relevantes en la producción nacional, y de estos dependen muchos de los empresarios para sostener sus economías.
Sin embargo, al ponerse en marcha el TLC, las importaciones pondrían en peligro estos productos.
Manifiesta que el Gobierno debe garantizar que los grandes empresarios, a través de la compraventa, no deterioren a los productores nacionales, al extremo que desaparezcan por no tener los recursos para competir con los precios de los productos importados.
Otro escenario preocupante, según la lectura de Barnes, es que, si no disminuye la sequía, tendrá que recurrirse a la importación para compensar la falta de producción nacional. Y, que, de continuar el fenómeno, la situación no pinta bien para quienes se dedican al cultivo.
Advierte que en Panamá se consumen 8 millones de quintales de arroz por año, no obstante, en estos momentos, la producción nacional alcanza 6 millones. Explica que los 2 millones restantes se deben importar, lo cual indica que la producción nacional no es suficiente.
Revela que al sector agro no se le están destinando los recursos necesarios para mantener una producción sostenible durante el año. Limitar la producción es desmejorar la calidad de vida de la sociedad.
Dimas Arcia, profesor coordinador del Departamento de Suelo y Agua de la FCA, aduce que la situación presupuestaria 2024 se torna un tanto limitada por la inmensa deuda acumulada durante los últimos años. “Las proyecciones económicas dibujan un futuro inestable y oscuro para el sector agropecuario”.
La situación afecta al sector porque este depende de fuentes de financiamiento oportunas que garanticen la siembra, el cultivo y la cosecha, además del traslado a los diferentes mercados.
Acerca de los programas que han presentado los diferentes candidatos presidenciales, indica que las propuestas se inclinan hacia la comercialización de los productores tecnificados de Tierras Altas. No obstante, dejan fuera a la agricultura de baja escala, que suma más de 250 mil productores en el resto del país.
Para el investigador, el agro requiere de un impulso continuo mediante el establecimiento de políticas públicas firmes y de largo plazo que garanticen cosechas que abastezcan al país.
Arcia deja claro que el pequeño productor necesita de subsidios al igual que los grandes productores para sostener la agricultura, porque de otra manera el cultivo continuará estando en riesgo, y con ello, la seguridad económica y la extinción del trabajador de la tierra.