Carlos Iván Caballero G./Texto y fotos
La administración del presidente Martín Torrijos reformó la ley orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS) mediante la Ley 51 de 2005, aumentando la edad de jubilación, 57 para las mujeres y 62 para los hombres. Asimismo, incrementó la cuota obrera.
El gobierno entrante del presidente Raúl Mulino, como parte de su promesa de campaña garantizó rescatar la entidad de seguridad social. Actualmente, la propuesta del Ejecutivo, presentada a través del proyecto de Ley 163, se mantiene en un ciclo de consulta en la Asamblea Nacional.
Vanessa Campos Alvarado, abogada del Centro de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho, expresa que el aumento en 3 años de la edad de jubilación es una imposición que atenta contra la calidad de vida de los asegurados y que el proyecto de Ley 163 pone en peligro la seguridad social.
Arguye que, es injusto aumentar la edad de jubilación y el porcentaje de cuotas. En 30 años el costo de la vida se incrementará. Y, al final de tu vida laboral te retiras con un 40 por ciento menos, esto desmejora tu poder adquisitivo y te condenarán a vivir en la pobreza, sostiene.
Para la también investigadora, la empresa privada descuenta las cuotas y no las reporta al seguro. Esto es un delito que debe ser castigado, sin embargo, el actual Gobierno es de corte empresarial y no tiene la voluntad de hacer cumplir la ley.
Campos Alvarado expresa que el proyecto de Ley 163 esclaviza a la sociedad a que trabaje para continuar enriqueciendo a los empresarios. Es un principio inaceptable por el cual la sociedad está dispuesta a luchar en las calles.
El abogado Paulo Marenco, quien labora en el departamento de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho, manifiesta que el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se encuentra expuesto a la quiebra debido a las ineficientes administraciones de las últimas décadas. Acudir a la institución en busca de servicios implica atravesar por un calvario; los ricos se atienden en clínicas privadas.
Los cambios no los hacen para mejorar la situación de la seguridad social. La intención es que los dineros de la institución sean depositados en los bancos privados. Sostiene que el problema se resuelve manteniendo la seguridad jurídica, no aumentando la edad de jubilación y las cuotas.
El abogado Raúl Jordán, en la actualidad está al servicio de la Vicerrectoría de Extensión. Argumenta que el debate por las reformas debe concentrarse en educar a la población utilizando un lenguaje sencillo. La comunicación es técnica y está dirigida a un grupo reducido de personas.
Por ello, un amplio sector solo entiende que se incrementará la edad de jubilación y las cuotas. Dicho de otra manera, las implicaciones profundas de las reformas no se están explicando, esto es peligroso, manifiesta.
Otro de los problemas que presenta el debate está trazado acerca de la utilización del dinero. No explican con claridad si serán depositados en bancos privados o administrados por la banca estatal.