Carmen Guevara C./Carlos I. Caballero/Fotos tomada https://lens.google.com/search?e
Faltaban 30 minutos para la medianoche del 20 de diciembre de 1989 cuando la alerta sísmica se disparó. Aquel día de hace 35 años, solo se oyó el ruido de las explosiones: una avalancha de cazabombarderos estadounidenses surcaba el cielo de Panamá en vuelo, dejando un estruendo de proyectiles.
El diario El País, de España, con fecha jueves 21 de diciembre de 1989 menciona que, la Invasión a Panamá surgió debido a una operación militar denominada “Causa justa”.
La incursión cifra el despliegue de un aproximado de 24 mil soldados estadounidenses, quienes desembarcan la noche del 20 de diciembre con el pretexto de proteger la vida de ciudadanos estadounidenses después de una serie de incidentes en los que murió uno de ellos.
El objetivo fundamental y declarado del operativo era la captura del general Manuel Antonio Noriega, acusado en Estados Unidos por sus vinculaciones con el narcotráfico internacional. Desde entonces, desmantelan la llamada Fuerzas de Defensa de Panamá y consigo su ejército.
En la obra titulada “La invasión militar y los desafíos de la política exterior panameña”, el profesor Reymundo Gurdián Guerra, director del Instituto de Investigaciones Históricas (IIH-UP), manifiesta que la acción militar contra Panamá se convirtió en la movilización de tropas más grande e intensa desarrollada por Estados Unidos en el hemisferio Occidental desde que terminó la Guerra de Vietnam.
El escritor anota: “…las tropas norteamericanas aprendieron las lecciones de guerras pasadas. No hubo, por ejemplo, escrúpulos para golpear por igual a fuerzas armadas y población civil: el hecho de que los propios norteamericanos reconozcan que más del 40% de los muertos panameños correspondan a la población civil desarmada”.
Es enfático al describir que no hubo cuidado o respeto por los derechos humanos de los ciudadanos por cuyo “beneficio” supuestamente se intervenía.
El historiador menciona que el número de muertos -superior a 2 mil, aunque los invasores reconocen solo un poco más de 600-, es desproporcionado al tamaño de la población, a la brevedad de la acción militar y a la resistencia desarrollada en zonas pobladas.
Según lo detalla el libro “Los periodistas y la Invasión”, del profesor y periodista Carlos Collado (q.e.p.d) y Gabriel Zeballos, la invasión tuvo innumerables testigos: escritores, historiadores, periodistas y documentalistas que han venido denunciando, a través de diversos vehículos de expresión, los atropellos y la ocupación sobre una población indefensa efectuada por el coloso del norte.
Agrega, que EE.UU., se amparó en una excusa no creíble para disfrazar sus verdaderas intenciones: ocupar el territorio y expandir sus intereses imperialistas.
La periodista Lucía Blasco, en un reportaje para BBC News Mundo, precisa que la “Operación Causa Justa” llevó a la caída de Noriega y a la desaparición del ejército en el país centroamericano.
“Utilizaron artillería y aviación para bombardear las zonas más densamente pobladas de la capital, donde había una gran cantidad de población viviendo en caserones antiguos de madera”, le cuenta a BBC Mundo el sociólogo y escritor panameño Guillermo Castro Herrera (vicepresidente de Investigación y Formación de la Fundación Ciudad del Saber, en Panamá).
La “Operación Causa Justa” sigue siendo recordada por muchos -35 años después- como una herida abierta en la historia panameña que dejó un reguero de muertes - ¿600? ¿3 mil?...- aún sin concretar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos en 2018 y exigió a EE.UU., resarcir a las víctimas e iniciar una investigación completa.
Docentes universitarios analizan implicaciones históricas
Pese a transcurrir 3 décadas de la cruenta invasión, con el desmedido despliegue militar, el exceso continúa siendo objeto de análisis en la comunidad internacional.
Al cierre de la última edición, el Semanario La Universidad, de manera responsable, frente a un evento histórico, que no debe pasar inadvertido para la comunidad nacional, requirió el examen de algunos académicos.
Carlos Bichet, director del Centro de Investigaciones Democráticas y Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas sostiene que desde el punto de vista del Derecho Internacional la invasión expone 2 marcos legales, el Jus ad bellum y el jus in bello. De acuerdo con la normativa del Derecho Internacional Humanitario, el Jus ad bellum alude a la legítima razón que tiene un Estado para entrar en guerra. Está enfocado en criterios definidos para entrar en una guerra justa. Mientras que, Jus in bello, es el derecho que rige la forma en que se conduce la guerra.
En la lectura de Carlos Bichet, el Jus ad bellum está prohibido desde 1928 cuando se firmó el Pacto Briand- Kellogg en París. La Carta de las Naciones Unidas, emitida una vez surge la conformación de dicho organismo, declara, según el artículo 2.4, que el uso de la fuerza de un Estado en contra de la integridad territorial de otro está prohibido. La única excepción es la autodefensa, sostiene Bichet.
Arguye que la invasión fue una violación a las disposiciones establecidas en la Carta de las Naciones Unidas. En una votación, la Asamblea General, con 75 Estados a favor y 40 abstenciones, determinó que EE.UU. violó dicho documento. Además, condenó la ocupación. De igual manera, lo hizo la Organización de Estados Americanos (OEA).
A los ojos de la comunidad internacional y el Derecho Internacional Público la invasión fue una violación por la utilización de armamento sofisticado. Asimismo, el bombardeo desproporcionado, sin distinguir entre ciudadanos y combatientes, es una violación a la legislación internacional.
Víctor Ortiz, historiador y profesor investigador de la Universidad de Panamá califica el ataque como desproporcional en cuanto al despliegue militar y la utilización de armamento sofisticado.
El académico opina que el asedio constituyó la mayor operación del siglo 20 lanzada por el ejército de EEUU después de la Guerra de Vietnam. La historia ha calificado el evento como vergonzoso por la humillación que causó al país.
A la luz de su análisis, la humillación tiene que ver con la desarticulación progresiva que sufrieron las Fuerzas de Defensa entre 1987 y 1989, tras las constantes pugnas internas de la cual surgieron 2 intentos de golpes de Estado.
Argumenta que la incursión fue una masacre moral y física en contra de la sociedad panameña. El ejército invasor estableció campos de concentración. Además, la gente del barrio de El Chorrillo fue refugiada de guerra. Dicho esto, el suceso debe observarse como un acto de guerra.
Olmedo Beluche, profesor de Sociología de la Facultad de Humanidades, niega que el objetivo de la invasión fuera Manuel Antonio Noriega. El objeto fue embestir al Estado para establecer el modelo económico neoliberal, factor determinante en las privatizaciones, incluyendo el ataque a la seguridad social.
Asimismo, establecer un régimen político que garantizara los acuerdos entre los partidos políticos -partidocracia- con la intención de alternarse el poder cada 5 años. Otro elemento alevoso de la invasión, fue establecer la administración del Canal Interoceánico a través de una junta directiva, al margen de la sociedad panameña.
El sociólogo no pasa inadvertido lo relacionado con los acuerdos que se firmaron con Estados Unidos para que personal militar mantenga su presencia en cualquier parte del territorio nacional.
En relación con las muertes, información aún desconocida, Olmedo Beluche plantea que desde el punto de vista social se han identificado más de 500 muertos por nombre y apellido. Y, una fosa común en el Cementerio Jardín de Paz con cerca de 100 cadáveres. Asegura que en el cementerio de Arcoíris en Colón se descubrieron otros cadáveres y que sabe de la existencia de fosas comunes en Corozal y en el sector Este de la ciudad que no se han investigado.