Redacción /Fotos: Carlos Caballero/Gregorio De Gracia
Un policía que ingresó a las instalaciones del Campus Harmodio Arias Madrid, en Curundu, con el presunto pretexto de conocer la dirección de estudiantes acusados de delitos tras las protestas del viernes 31 de enero, provocó la reacción de autoridades y estudiantes de esta casa de estudios.
El rector Eduardo Flores Castro a través de una nota de prensa que lleva su firma, denunció las acciones policiales que pueden ser violatorias de la autonomía universitaria, constitucional y legal. Advirtió que la UP evaluará la posibilidad de presentar acciones legales contra la Policía Nacional (P.N.).
El estudiante Miguel Quintero, presidente de la Federación de Estudiantes señaló que lo acontecido constituye una agresión en contra de la autonomía de la universidad. Advirtió que los gremios estudiantiles se mantendrán vigilantes ante el hostigamiento policial.
El Rector aclaró que, durante un volanteo pacífico, que se escenificó el 31 de enero y que contó con la participación de alrededor de 50 personas, entre estas, profesores y administrativos, quienes protestaban en contra de la llegada del secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se originó una discusión entre un oficial de la PN y estudiantes. Esto pasó de la controversia a los empujones y luego a los golpes, manifestó el representante legal de la Universidad de Panamá.
De acuerdo con las explicaciones del académico, el jefe de la policía le comunicó que su oficial había sido golpeado y que se encontraba hospitalizado. No obstante, Flores Castro se refirió a un video en el que se observa un intercambio de golpes entre un oficial y una estudiante. Señaló que las imágenes muestran al referido policía golpeando a la estudiante y la respuesta de esta en reciprocidad a lo que ocurría. También se observa a otras jóvenes que salen en defensa de su compañera, dijo Flores.
Denunció que cuando inició el conflicto, la policía bloqueó las salidas del campus, afectando a toda la comunidad universitaria.
Explicó que recientemente recibió una carta del director de la policía que calificó como respetuosa. En la misiva Fernández pide a la universidad que los estudiantes sepan manifestarse.
Flores señaló que responderá la nota y solicitará una conversación directa con el Director. Al mismo tiempo, sostuvo que la violencia es censurable en cualquier circunstancia, sobre todo, cuando proviene de la autoridad.
Arturo Trelles, abogado defensor de los estudiantes, en conferencia de prensa organizada por organizaciones de profesores, estudiantes y administrativos, cuestionó la actuación de la policía, sugiriendo que ejerció prerrogativas del Ministerio Público (M.P.).
Explicó que la estudiante Tamara Ortiz recibió golpes al momento de su aprehensión y que la policía empezó a darle seguimiento desde el 31 de enero hasta su captura en la madrugada del 3 de febrero, aprehensión que fue declarada ilegal por el juez.
Reveló que el juez le comunicó a la PN: “Si ustedes tenían investigadas e identificadas a las personas, hubiesen citado a los estudiantes al Ministerio Público, le hubiesen tomado las entrevistas correspondientes y se hubiese iniciado una investigación, pero no fue así, pusieron un nombre a una operación, y empezaron los allanamientos”.
Dejó en claro que las pruebas de la investigación se llevaron a cabo mediante entrevistas a unidades de la PN.
Trelles hizo un llamado al nuevo procurador general de la nación, Luis Gómez Rudy, a “respetar la independencia entre el MP y la PN.
Por su parte, José Álvaro, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá (APUDEP) denunció que la PN manipuló varios videos con la supuesta intención de desvirtuar los hechos. Los videos son claros, la agredida principal fue la estudiante de 21 años, sentenció el profesor. Para el dirigente se trata de un manejo inapropiado de comunicación.
En entrevista con el Semanario La Universidad el profesor lamentó lo acontecido, asegurando que fue el resultado de una situación que todo el país conoce. Las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, ponen en peligro la soberanía, dignidad, y el territorio nacional.
José Álvaro observa ausencia de un método de comunicación entre los que dirigen el Estado con la población y la juventud. Mencionó que dicha carencia propició lo ocurrido el 31 de enero.
Envió un mensaje al jefe de la policía en el sentido de que es necesario desarrollar puentes, como dijo el papa Francisco, para resolver los conflictos. La experiencia que tenemos los universitarios con el instituto armado siempre es negociar y buscar un punto de inflexión que impida llegar hasta lo que ocurrió, porque nosotros nunca vamos hacer enemigos de la policía, acotó el docente.
En torno a lo acontecido el 31 de enero, el Defensor de los Universitarios, Gilberto Marulanda, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la PN por abuso de autoridad, violación de la autonomía universitaria y restricción del libre tránsito.
Desde 2002 han violado reiteradamente la autonomía universitaria, ingresando al campus, armados y sin permiso.