Carmen Guevara C./Carlos Caballero

La autonomía universitaria atravesó un nuevo ultraje por parte de la Policía Nacional (P.N.) el martes 29 de abril.
Unidades de la Policía Nacional retuvieron a estudiantes y administrativos, quienes de forma pacífica se manifestaban en contra de las reformas a la CSS y en defensa de la Soberanía Nacional, manifestó El Defensor de los Universitarios, profesor Gilberto Marulanda.

Marulanda reveló al Semanario La Universidad que, extralimitándose a sus funciones, la P.N., de manera ilegal y arbitraria, montó un retén en la entrada principal del Campus Harmodio Arias Madrid (HAM) de la Universidad de Panamá, requisando a todos los estudiantes que ingresaran o salieran de los predios del campus. Durante la acción los policías detuvieron a 1 administrativo y 6 estudiantes, 5 de ellos cursan la carrera de Educación Física y 1 Bellas Artes.
Marulanda señaló que los 6 estudiantes que fueron detenidos serían puestos a disposición del Ministerio Público para ser judicializados ante un juez de garantías. Hasta el miércoles 30 de abril, se mantenían retenidos en la Policía de Ancón a la espera de la audiencia en el Sistema Penal Acusatorio.
Posteriormente, el jueves 1 de mayo una juez, que actuó como garante del debido proceso, desestimó una solicitud de detención provisional para los 6 estudiantes.
Marulanda calificó como exabrupto que la Fiscalía solicitara detención provisional para los estudiantes.
El servidor público administrativo que fue aprehendido cuando estaba mediando con los policías, es el abogado Gilberto Solís González. Fue conducido al juez de paz y posteriormente puesto en libertad en espera de 30 días para recabar pruebas.
La Constitución Política de la República de Panamá establece que: “nadie puede estar detenido más de 24 horas sin ser puesto a órdenes de la autoridad competente”.
El director del Centro Regional Universitario de Veraguas, (Cruv) Pedro Samaniego, confirmó al Semanario La Universidad que 5 estudiantes fueron detenidos por unidades policiales; 2 de la Facultad de Ciencias de la Educación, 2 de Administración Pública y 1 estudiante de la Facultad de Humanidades.

Samaniego aclaró que la jueza declaró ilegal las detenciones y que no hubo imputación de cargos. La liberación de los 5 educandos se dio a las 8:30 de la noche del jueves 1 de mayo, puntualizó.
Agregó que los discentes fueron representados legalmente por el abogado Humberto Chang.
Por su parte, el vicerrector Académico, doctor José Emilio Moreno, quien repudió lo actuado por oficiales policiales, calificó como desmedido el exceso de la fuerza que desplegó la P.N. en el campus de Curundu.
En relación con la revisión de los autos, aseguró que esto jamás había ocurrido.
Para el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá (Apudep) José Álvaro, la humanidad vive una época de crisis de la civilización, y, en ese marco de transformación, Panamá no escapa. Advierte que el Gobierno y el presidente José Mulino forman parte de un conglomerado de mandatarios alineados con una política antinacional, antipopular y de descalificación al movimiento social independientemente del pensamiento que se tenga.
Sostuvo que los sectores empresariales, ya adelantaban su diciembre con la mudanza y el traslado de la UP para apropiarse de sus tierras. La decisión de los universitarios de no ceder sobre esa presión explica la narrativa que tienen en relación con la universidad.
Recuerda que durante el período más crítico de la década del 80, del siglo pasado, hubo un cierre temporal de la UP, y que los universitarios marcharon en señal de protesta para lograr la reapertura.
Reynaldo Santamaría, jefe de la Seguridad Universitaria explica que antes de la administración del presidente Mulino existía comunicación entre la PN y la seguridad universitaria, y que el actual director, Jaime Fernández, ha cambiado el rumbo de la institución por lo cual la comunicación se ha fraccionado.
Marco Tulio Londoño, profesor de Derecho Romano, destacó que es necesario que las autoridades universitarias denuncien ante el Ministerio Público los abusos, que, de manera reiterada, vienen cometiendo unidades de la PN, vulnerando la autonomía universitaria, el que también debe extenderse contra los jefes de la Unidad del Control de Multitudes (U.C.M.) para que sean investigados.
Wilfredo Antonio Gómez, abogado investigador y analista internacional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas señaló que la violación a la autonomía universitaria ocurre porque el gobierno busca callar las voces críticas que emergen de la UP, contrapeso frente a los excesos del presidente Mulino.