Redacción /Con información de la Dirección y Divulgación de R.P de la UP
La Universidad de Panamá a través del rector, doctor Eduardo Flores Castro, solicitó al defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, mediar con el propósito de resolver la problemática suscitada ante las medidas administrativas implementadas por la Contraloría General de la República.
De acuerdo con el rector, a pesar de los conflictos que han surgido en el país en los últimos años, nunca se había tomado una medida tan drástica como remover a los funcionarios de la Dirección de Control Fiscal.
“Entendemos que, en momentos de crisis, salvaguardar la vida de las personas es lo primordial; sin embargo, consideramos que no era necesario ni urgente adoptar esa medida por parte del Contralor, ya que ello ha dejado a la deriva el cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad de Panamá.
Las medidas centralistas adoptadas por la Contraloría afectan el funcionamiento de la UP, a pesar de que se ha cumplido con las normas de control presupuestario que rigen en el Estado, en concordancia con lo establecido en la constitución, la Ley y el Estatuto Universitario.
De acuerdo con Flores Castro estas medidas han afectado la administración y el funcionamiento de los servicios que ofrecen las 7 cafeterías universitarias, incluyendo un centro de producción. Esto incluye a otras cafeterías ubicadas en los 10 centros regionales distribuidos en todo el país, las cuales ofrecen un menú básico a un costo de 0.50 centésimos de balboa.
El Rector está solicitando al Defensor del Pueblo su mediación en la búsqueda de una alternativa. En ese sentido, solicita gestionar ante la Contraloría, se incluya en la resolución 1510-DNFG, que, en su parte resolutiva, parágrafo 2: «se exceptúa de esta disminución de límites de refrendo a los actos de manejos de fondos y bienes públicos de las facultades de Medicina y Ciencias Agropecuarias, los cuales podrán ser refrendados por los coordinadores, jefes y supervisores de Fiscalización de la Dirección Nacional de Fiscalización General, hasta la suma de B/. 50,000.00 a las cafeterías universitarias a nivel nacional”.