Carmen Guevara C./Fotos tomadas de Google.com
La Doctrina Monroe ha sido reeditada y reformulada. Consolida una nueva estrategia de seguridad hemisférica denominada Corolario Trump, orientada a reafirmar la geopolítica de Estados Unidos sobre América.
El 9 de Enero de 1964 constituye uno de los hitos más significativos en la historia política de Panamá y en su relación con los Estados Unidos. Para el docente e investigador en Filosofía y Ciencias Políticas del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Panamá, magíster Samuel Prado Franco, esta fecha representa el punto más alto de la lucha generacional del pueblo panameño contra la presencia política y militar estadounidense en el país, que había sido legalizada a través del régimen de la antigua Zona del Canal.
Según Prado Franco, a partir de los acontecimientos del 9 de enero, se produjo un quiebre estructural en las relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Desde ese momento, el debate nacional deja de centrarse en la simple revisión de los tratados canaleros y se orienta hacia una fase de derogación, cuyo objetivo principal era la eliminación de la presencia militar extranjera y la recuperación plena de la soberanía territorial.
El académico sostiene que estos hechos no pueden analizarse de manera aislada, deben entenderse dentro de un marco más amplio de la política histórica de Estados Unidos hacia América Latina. En ese contexto, el 9 de enero se vincula directamente con la Doctrina Monroe, formulada en el siglo XIX bajo el principio de “América para los americanos”, que posteriormente se tradujo en la idea del destino manifiesto y en la legitimación de una zona de influencia hemisférica bajo tutela estadounidense.
Prado Franco advierte que, en la actualidad, esta doctrina ha sido reeditada y reformulada. A su juicio, durante la administración del presidente Donald Trump, se ha consolidado una nueva estrategia de seguridad hemisférica —a la que denomina el Corolario Trump— orientada a reafirmar el control político, económico y estratégico de Estados Unidos sobre América Latina, el Caribe y regiones específicas como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia y México.
En este nuevo escenario, se ha recurrido al argumento del narcoterrorismo y a la aplicación extraterritorial de las leyes estadounidenses, justificando la persecución y el juzgamiento de ciudadanos extranjeros bajo jurisdicción norteamericana. Prado Franco señala que estas acciones no son nuevas y recuerda precedentes históricos, como el caso del general Manuel Antonio Noriega, lo que evidencia una continuidad en la política de intervención de Estados Unidos en el hemisferio occidental.
El investigador subraya que detrás de estas acciones existe un claro interés estratégico vinculado a los recursos naturales de la región: el petróleo venezolano, el litio boliviano, el gas argentino y la producción agrícola brasileña, entre otros. Todo ello se inserta en un proyecto geopolítico más amplio que busca reposicionar a Estados Unidos como potencia global, utilizando mecanismos de presión política, diplomática y económica, incluidos los aranceles, que el investigador califica como una forma de chantaje internacional.
Asimismo, advierte sobre el carácter unilateral de estas políticas, que desconocen el derecho internacional, vulneran la soberanía de los Estados y debilitan el sistema de organismos multilaterales. En ese sentido, expresa su preocupación ante la posibilidad de que estas prácticas se extiendan a otros países de la región.
El académico también menciona el interés estratégico de Estados Unidos en territorios como Groenlandia, región autónoma vinculada al Reino de Dinamarca, destacando que este tipo de aspiraciones reflejan una lógica de expansión geopolítica que contrasta con los principios del derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos.
Finalmente, Prado Franco concluye que el actual panorama regional, caracterizado por un giro político hacia gobiernos alineados con Estados Unidos, ha facilitado la implementación de esta renovada doctrina hemisférica. En este contexto, el 9 de Enero de 1964 adquiere una vigencia simbólica y política renovada, al recordarnos que la soberanía no es un hecho consumado, sino una conquista histórica permanente.