Dr. Orlando Sam /Catedrático de la Universidad de Panamá
Después de haber leído y escuchado tantos comentarios respecto al programa de Vejez, Invalidez y Muerte; me permito compartir mis reflexiones sobre el tema; las mismas son producto en base a información estadística desde 2005 a 2018, cifras que permitieron elaborar estimaciones, proyecciones y tendencias a corto, mediano y largo plazo dando como resultado lo que denomino las evidencias financieras actuariales, factor fundamental en todo estudio técnico actuarial.
Estas reflexiones se originan del documento presentado por el departamento actuarial de la Caja de Seguro Social, y avalado por la Junta Técnica Actuarial, sobre el régimen de Vejez, Invalidez y Muerte al 31 de diciembre de 2018. Las reformas a la Caja de Seguro Social en su sistema de pensiones, a través de la Ley orgánica N°51 del año 2005, recibió el apoyo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), USAID y los Bancos Interamericanos y Asiáticos de Desarrollo.
El actual sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social, desde su puesta en marcha, no garantiza una vejez digna para miles de panameños que con la pensión que reciben no pueden hacerle frente a los gastos más elementales de alimentación y de servicios básicos, teniendo en cuenta las evidencias actuariales y los impactos sociales negativos, se puede afirmar que ha fracasado. Estoy convencido de que los representantes de los trabajadores en la Junta Directiva no están cumpliendo con el mandato.
El poder económico capturó la regulación y supervisión de los fondos de pensiones, se nos vendió la imagen de que el Estado es un mal administrador, y que había que privatizar los fondos de I.V.M de la Caja de Seguro Social. Todo lo que prometió el neoliberalismo con el apoyo de la burguesía criolla fue un experimento fracasado, y todavía hay quienes quieren seguir avanzando con este modelo para quedarse con los ahorros de los trabajadores.
Hasta el año 2018, el 60% de los países que entre 1981 y 2014 habían hecho reformas parcial o total en sus sistemas de pensiones; luego de la crisis financiera mundial de 2007 – 2008, y teniendo en cuenta las evidencias acumuladas de impactos negativos, sociales y económicos; volvieron al sistema anterior debido a que el experimento fue un fracaso. El sistema de cuentas individuales se tornó impopular e insostenible.
Un estudio reciente realizado por la OMS sobre la expectativa de vida, llama la atención en que las enfermedades que van desde la malaria a enfermedades respiratorias, la alta incidencia de enfermedades causadas por fumar y las elevadas tasas de homicidio y accidentes, igualmente la epidemia de SIDA, malnutrición paupérrima, infraestructura sanitaria, enfermedades tropicales y por último la pandemia del COVID-19, en nuestro país no es casual que el mayor porcentaje de los fallecidos por causa del COVID-19 son personas de 60 años o más, todo esto ha incrementado la mortalidad entre los asegurados próximos a pensionarse y de aquellos que gozan de algún tipo de prestación económica.