Carlos Ramos Delgado, PhD ,Profesor Titular Facinet
Recientemente fue publicado un artículo de opinión en un diario de circulación nacional que podría interpretarse como la intención de subordinar a las universidades públicas a los gobiernos de turno y no a los intereses y necesidades de la población panameña.
El autor se refiere a la supuesta crisis de las universidades públicas ignorando las verdaderas crisis que existen en nuestro país y que colocan a Panamá como uno de los países más desiguales en distribución de riquezas en América Latina, a pesar de liderar la lista regional de países con mayor PIB por hora trabajada en 2024.
Se ignora la crisis de la educación escolar, del agua, de la electricidad, del seguro social, del sistema de salud, de la seguridad ciudadana y muchas otras más que impactan directa y profundamente al panameño de a pie.
El autor del mencionado escrito es asesor actual del Gobierno e impulsa una ley orgánica para las universidades públicas so pretexto de que estas son refugio de un gran número de exponentes de la mediocridad.
Las universidades públicas con sus defectos y virtudes y por supuesto gracias a su relativa independencia de los apetitos de gobiernos de turno han logrado formar a miles de profesionales que contribuyen y han contribuido al desarrollo del país. En particular la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica se posicionan en los rankings mundiales como las dos mejores universidades del país incluyendo las que no son públicas.
Reclamar de manera urgente una ley para las universidades públicas parece una propuesta irónica ya que las leyes no han cambiado la realidad de los panameños. En nuestro país las leyes son un desperdicio de tinta sobre el papel y escenario para la demagogia y el protagonismo. El incumplimiento de estas por parte del estado constituye uno de los ejemplos más palpables.
Una de las pocas cosas con las que coincidimos con el autor del escrito es que las universidades públicas tienen que apostar a la formación de excelencia ya que estas impactan más a las clases desprotegidas.
Si existiera un interés real por mejorar la educación pública universitaria sería entonces necesario que los gobiernos dotaran a las universidades de los recursos y los mecanismos que les permitan administrar y ejecutar de manera ágil los fondos asignados, ya que los obstáculos que surgen para la ejecución eficiente del presupuesto son insalvables. En ese sentido, coincido con el señor Presidente cuando menciona la posibilidad de un control posterior en lugar de un control previo; pero eso sí, con la garantía de que cualquier acto de corrupción comprobado sea enérgicamente sancionado.
A pesar de disentir con el trasfondo del escrito, que a mi juicio persigue, entre otras cosas, promover el descrédito y la descalificación de las universidades públicas, reconozco que el mismo obliga a los universitarios a mantenerse unidos en defensa de nuestra autonomía, pero también, a mejorar de manera continua los niveles de excelencia rigurosidad de nuestros programas.