Luis Oldemar Guerra /Periodista
Un tema que parece no tener fin en este mundo es el del derecho a accesibilidad y movilidad que tienen las personas con capacidades especiales debido a su condición física, ya sea por enfermedad o por algún accidente. Se observa cómo en distintos sectores de la urbe capitalina todos en algún momento pasamos un mal rato al transitar por algún sector donde no se encuentran las más mínimas medidas estipuladas para movilizarse, peor aún, para las personas con alguna discapacidad. Quienes tienen algún tipo de discapacidad afrontan situaciones que la sociedad, que no las presenta, no percibe.
Esta es una de las razones por las que no se consideran u olvidan sus necesidades. Residir en una ciudad en la cual resulta casi imposible transitar, donde hay sitios que no puedes visitar por no tener acceso, donde la banqueta se encuentra llena de barreras y obstáculos, donde hay transporte, pero no puedes utilizarlo, resulta una ciudad que no te hace parte de ella. La pregunta que aquí cabe es ¿Qué hacen las autoridades para subsanar esta engorrosa situación que afecta a todos? A pesar de que existen personas que velan porque se cumplan las reglamentaciones que protegen a las personas con discapacidad, esto cae en saco roto.
Hay empresas que, dentro de sus planes de responsabilidad social, se suman, pero no es necesario. Al parecer, se deben tomar medidas más drásticas hacia aquellos infractores que se apoderan de los pocos o casi nulos espacios. Un ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien, es la labor que realiza la Oficina de Equiparación de Oportunidades (OEO) de la Universidad de Panamá, que vela por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Dentro de sus funciones está gestionar e impulsar el desarrollo de planes y programas que fomenten la inclusión social de las personas con discapacidad en la Institución.
Adicionalmente, la OEO tiene vinculación con cada una de las facultades, centros regionales universitarios, unidades administrativas, en donde hay coordinadores académicos y administrativos, que orientan en cada caso la forma en que se debe colaborar con el personal docente, estudiante o administrativo que así lo requiera. Hasta el segundo semestre académico del año 2018, se tuvo un registro de 184 estudiantes con discapacidad en la Universidad de Panamá, clasificados por unidad académica y tipo de discapacidad.