Carlos F. González /Psicólogo, Criminólogo y Profesor Universitario
Ante la incertidumbre, la angustia, el temor al delito, la inseguridad y la falta de respuesta por parte de las autoridades, estos hechos han llevado a muchos ciudadanos a pensar en la pena de muerte como una forma o una medida para obtener algún sentimiento de seguridad. La pena de muerte, data desde inicios de la humanidad, con solo recordar el Código de Hammurabi de donde se desprende la Ley del Talión que dice “ojo por ojo y diente y diente por diente” y en términos generales se puede señalar que el propósito de esta en su momento fue la de proteger al soberano.
Entre las penas de muerte que se han practicado a lo largo de la historia de la humanidad están: la lapidación, la hoguera, el envenenamiento, la decapitación, la crucifixión, la horca, el fusilamiento, la cámara de gas, la silla eléctrica y la inyección letal. En la actualidad, todavía algunos países mantienen la pena de muerte, como forma de disuasión para la comisión de delitos, pero los países como el nuestro, han firmado tratado o pactos internacionales como el de San José que les impide imponer el mismo en nuestro medio.
Existe la teoría de la incivilidad de Hunter y Skogan, que hace referencia a un desorden social. Y es lo que se puede apreciar en la ciudad capital y en las cabeceras de las provincias. Donde reina la inmundicia, el abandono de la infraestructura, zonas controladas por pandillas, falta de luminarias, aunado a la percepción impunidad y falta de certeza del castigo, debilidad institucional sobre todo las que administran justicia. Donde la corrupción impera y los beneficiarios son los que ostentan el poder económico y político del país en detrimento de las grandes mayorías. Se necesita que sean las organizaciones civiles apoyadas por la ciudadanía que presionen a los administradores de la cosa pública para que implementen medidas que contrarresten la incivilidad y la percepción que tiene la ciudadanía de la inseguridad que se vive en el país.
Un instrumento legal en este sentido es la política criminológica que ha sido aprobada en tercer debate por la Asamblea de Diputados, sancionada por parte del Ejecutivo y apareció en Gaceta Oficial, por tanto pasa a ser Ley de la República. La pena de muerte es una expresión de desesperanza, de querer lograr tranquilidad y seguridad ante tanta zozobra que vive el ciudadano de a pie ante el temor de ser víctima del delito. Pero dicha petición en realidad, es una sugerencia que puede tener efecto búmeran con la cual hay que tener mucho cuidado