Luego de 28 años de espera de una respuesta, ante petición presentada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos «CIDH», por las víctimas de la invasión militar de los Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989, este organismo falló a favor del Estado panameño, luego que el gobierno norteamericano no acatara tal decisión del 6 de diciembre de 2017, en donde se señalaban las recomendaciones pertinentes al caso.
En tanto, la abogada Gilma Camargo, representante legal de los querellantes, indicó que la «CIDH» es el informe No. 121/18 Caso 10.573, hace las siguientes recomendaciones a los Estados Unidos: Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos establecidas en el presente informe tanto en el aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción. La Comisión considera que a efectos de cumplir con esta recomendación el Estado debe crear, a la brevedad, un mecanismo especial, por iniciativa propia e independiente de las iniciativas que pudiese tomar el Estado panameño, a fin de que se materialicen las reparaciones aplicables a cada grupo de víctimas, considerando la naturaleza de las violaciones declaradas. Tomando en cuenta que las víctimas no se encuentran en la jurisdicción territorial de los Estados Unidos, la Comisión insta a este Estado a desplegar todos los esfuerzos diplomáticos o de otra índole que sean necesarios para la debida implementación de esta recomendación. Asimismo, respecto de las víctimas fallecidas, las reparaciones deberán ser reconocidas a sus familiares o herederos según sea el caso. Disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de las víctimas que así lo requieran, de ser su voluntad. Tomando en cuenta que las víctimas no se encuentran bajo la jurisdicción territorial de los Estados Unidos, corresponde pagarles un monto específico para cubrir los servicios médicos que deban sufragar en el país donde se encuentran.
Realizar una investigación de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer plenamente los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las formas correspondientes de sanción respecto de las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe. Camargo fue enfática al decir, que desde la publicación del informe, se debe garantizar la seguridad de cada uno de los 272 peticionarios, para que no sufran ningún tipo de percance ellos y sus familiares. Agregó que el presente fallo, crea un precedente, porque es la primera vez que el pueblo le gana un caso al gobierno de los Estados Unidos, y acotó que el mismo está acompañado por tres tomos con toda la información documentada de los hechos acontecidos durante la invasión. Por su parte, el doctor, Raúl Sanjur, experto en Derecho Internacional, DE LA FACULTAD DE Derechos y Ciencias Políticas, argumentó que este fallo para nosotros representa, un verdadero precedente, que indudablemente será tomado en cuenta para futuros casos similares, en donde el coloso del norte, cual si fuera prácticamente el amo y señor del mundo, ha escenificado situaciones similares en otras latitudes. Se debe determinar que no son solamente esas 272 personas que se mencionan, a ese fallo también se van a añadir otras personas que sufrieron prácticamente las consecuencias de ese acto. Pónganse a contarlos, los hijos, los padres, las mujeres que murieron allí, que nunca se puedan cuantificar, destacó el doctor Sanjur.
Agregó el experto, que eso indudablemente que conlleva a una verdadera indemnización, y no podemos esgrimir el hecho de que Estados Unidos ha dado una ayuda a Panamá, después de eso, hay que acatar en estricto derecho, lo que determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque tardíamente, se le ha reconocido a Panamá ese derecho que siempre le asistió. La Corte, lo que ha hecho prácticamente, es especificar la naturaleza del fallo, el primero quizás fue un poco hibrido, pero ahora si está indicando cuales son las acciones que le corresponden prácticamente a Panamá, en el efecto que tendrá que hacer lobby, ayuda de países cercanos, buscar un equipo legal, para que se haga efectivo ese fallo, es la única forma que los países poderosos indudablemente pueden entender de qué avasallar nuestros países es malo, bajo ninguna circunstancia. «Yo soy un convencido de que ellos tienen que acatar las normas del derecho internacional, para ellos es muy fácil desligarse de las obligaciones que tiene que ver con eso, pero en esta ocasión, lo veo difícil, porque la CIDH, es un organismo supranacional, está por encima de las relaciones internas de los países, y son de estricto cumplimiento, ellos tarde o temprano tendrán que pagar, tendrán que indemnizar y tendrán que acatar el fallo», puntualizó.