Luis Oldemar Guerra /Gregorio De Gracia*Periodistas *Foto: Ian Arcia
“Perspectivas y retos productos del rechazo de la Ley de Extinción de Dominio” fue el título de la conferencia organizada por el Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (Icase), referente al proyecto de Ley 625 de Extinción de Dominio, rechazado por la Asamblea Nacional en segundo debate.
Los panelistas fueron el viceministro encargado del ministerio de Seguridad Pública, Jonathan Riggs. El otro actor, miembro del Colegio Nacional de Abogados y miembro de la Comisión Técnica de la Modificación de la Ley, César Ruiloba. En la moderación estuvo al frente Miguel Delgado, del Centro Regional Universitario de San Miguelito.
Riggs argumentó que, para ellos como proponentes, junto al Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio Público (MP) y el Órgano Judicial, es importante sensibilizar a la población respecto a la necesidad de incorporar al marco jurídico la extinción de dominio. Sostuvo que esto se hace con el objeto de fortalecer la investigación criminal y la administración de justicia en el combate contra las organizaciones criminales que generan violencia en todas sus manifestaciones.
Esta es la primera de un ciclo mensual que abordará asuntos de interés nacional. El director del Icase, doctor Franklin De Gracia, dijo que con esta actividad están retomando el reinicio del ciclo de conferencias que se hacían antes de la pandemia. Añadió que el segundo martes de cada mes el Icase desempeñaba una función de concientizar a la población para que sean los universitarios líderes de opinión ante las diversas temáticas de las distintas áreas del conocimiento que desarrolla la universidad.
Hace unos días la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas también dirigió su atención sobre el polémico proyecto de ley. En esta oportunidad a través del Miércoles Universitario, evento que organiza la Vicerrectora de Extensión (Viex).
Los panelistas convocados que participaron: César Ruiloba, del Colegio Nacional de Abogados y miembro de la Comisión Técnica de la Modificación de la Ley; Jonathan Riggs Tapia, viceministro encargado y secretario general del Ministerio de Seguridad y Víctor Orobio, abogado penalista y empresario. Todos fueron consultados por el Semanario La Universidad sobre el asunto.
César Ruiloba, señala: “Estamos de acuerdo que el Estado persiga el crimen organizado, con toda la fuerza, pero dentro del marco del estado de derecho”. No estamos de acuerdo con la promoción de esta ley, puesto que las autoridades están diciéndole al país que los bandidos, los narcotraficantes y pandilleros se están quedando con el dinero producto del crimen organizado.
La interrogante es ¿dónde están las leyes del Código Penal, del Código Procesal y las especiales que atacan al crimen organizado? No podemos caer en la retórica en torno a que si no estamos de acuerdo con el proyecto de ley es porque abanicamos o promocionamos el crimen organizado. Ese es un discurso totalitario.
En tanto, Riggs Tapia, destacó que, con respecto a la extinción de dominio, Colombia, El Salvador y Guatemala, son países pioneros. Se han logrado resultados importantes en esta materia, como la confiscación a un cartel de drogas de más de 300 millones de dólares. Esto permitió construir la Ciudad de Dominio en Honduras, ciudad albergue para niños en riesgo social.
Puntualizó que, mientras no haya funcionarios íntegros en la administración, en la justicia, los procesos se verán empañados y esto generará dificultades en los resultados que espera la ciudadanía panameña.
Orobio Valencia explica que la extinción de dominio propone la extinción de nuestras propiedades sin derecho a un proceso penal. El documento proponía extinguir y perseguir el bien de los ciudadanos a perpetuidad, que no se pudiese tener bienes protegidos a través de sucesiones. Es decir, las herencias no podían pasar a la segunda, tercera y cuarta generación.
Argumenta que el proyecto de ley de extinción de dominio representa un marco conceptual ampliado de la confiscación de bienes. Todas las legislaciones de los países latinoamericanos y de corte occidental contemplan la confiscación de bienes, que nosotros le denominamos “comiso de bienes”. El “comiso de bienes” es la aplicación de la sanción que se le impone a la persona o a los bienes, cuando se comete un delito.