Gregorio De Gracia/Carlos Caballero*Fotos de Samy Cartman
El detonante de las manifestaciones está vinculado a la aprobación veloz de la Ley 406, suscrita por el Órgano Ejecutivo, que, a juicio de muchos, está elaborada sobre las bases de corrupción. Es el criterio de José Clemente Lasso, sociólogo y docente de la Universidad de Panamá.
Destaca que históricamente las protestas han sido infiltradas y que la visión del pueblo es adversa a la del Gobierno. Esta contrariedad de factores provoca expresiones violentas.
Clemente Lasso indica que el Gobierno, y los medios de comunicación, acusan de vandálicos los actos que se realizan, y tratan de desmeritar el efecto justo y real de las protestas.
Sobre el cobro de peaje por bandas delincuenciales, manifiesta no tener claridad en el sentido de que esto pueda crear confrontación entre el pueblo. El sociólogo expresa desconocer si ignorar la seguridad en las barriadas y las calles es otra táctica de los estamentos del Estado para crear confrontación. Sin embargo, sostiene que está generando caos y que la población se siente desprotegida porque el país carece de ley y orden.
En su análisis el académico plasma el hecho de que, tras la ausencia policial, las bandas delincuenciales se han apoderado de algunos barrios, dando lugar a la confrontación por el dominio territorial. Añade que la policía no se destaca por ser un cuerpo excelente, que genere orden, ya que el país atravesaba por una crisis de inseguridad. Pero, la presencia de algunas unidades en las calles influía para que estos grupos no actuaran de manera descarada como lo vienen haciendo en las últimas semanas, acota el académico.
Frente a la escasez de alimentos en algunos puntos del territorio nacional, concluye que la población entiende y se identifica con lo que está sucediendo, y tiene claro que el sector agrícola está perdiendo. Asegura que la no intervención del Gobierno en garantizar el paso de alimentos, y medicamentos, no es más que una bomba de tiempo. Y, que la desesperación puede crear confrontación entre la sociedad.
El doctor Paúl Córdoba, sociólogo y miembro del cuerpo de investigadores del Instituto de Estudios Nacionales (Iden), de la UP, asegura que el Gobierno ha demostrado incapacidad en escuchar el clamor popular que grita que Panamá no tiene vocación minera.
Sostiene que las infiltraciones de elementos ajenos a las protestas fueron utilizadas en el pasado y –supuestamente, según menciona- siguen siendo usadas con el objetivo de falsear las demandas populares. Además, el Gobierno no cuenta con interlocutores creíbles, es decir, están descalificados ante la sociedad.
Olmedo Beluche, sociólogo, docente universitario y director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, también responsabiliza al Gobierno de lo que está sucediendo en el país tras aprobar, a tambor batiente, la Ley 406, que es inconstitucional, antiecológica y antinacional.
Expresa que hubo una situación similar en 2022 y que fue el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), quien a través de su membresía hizo posible la extensión de un corredor para que los alimentos llegaran desde tierras altas hasta la capital, lo cual ahora puede lograrse con la acción de la Alianza Pueblo por la Vida.
Señala que algunos hechos delincuenciales registrados en diferentes puntos del país están – presuntamente- ligados a caciques políticos locales en diversos barrios, en la ciudad y el interior del país. Son delincuentes que controlan los barrios y supuestamente tienen nexos con algunos políticos.
El sociólogo explica que la Policía Nacional se ha pasado reprimiendo a los manifestantes, pero pareciera que los delincuentes tienen carta blanca para actuar, ya que las oficinas del Ministerio Público y de la Dirección Técnica Judicial en Santiago fueron saqueadas. Frente a estos hechos Beluche se hizo la interrogante ¿Dónde estaba la Policía Nacional, cuyo eslogan es Proteger y Servir? El sociólogo asegura que el hecho fue perpetrado por la mafia o delincuentes para intentar borrar o eliminar expedientes, pero estos hechos se han querido achacar a las dirigencias.
Jonathan Chávez, exdirigente estudiantil, magíster y profesor de Historia en la Facultad de Humanidades, coincide con el profesor en sociología, José Clemente Lasso, en relación con el origen de la crisis social, que atribuye a la aprobación de la Ley 406 del contrato minero.
Señala que acciones como, la ausencia de presencia policial y un corredor humanitario para que pasen los alimentos, desde el punto de vista estratégico del gobierno, es tratar de desgastar a los manifestantes y provocar que haya enfrentamientos entre la población.
Agrega que la dirigencia estudiantil está haciendo operativos en las marchas para sacar a infiltrados que buscan debilitar la lucha de los panameños. Incluso, denuncian a estas personas que utilizan máscaras, quienes aprovechan de la coyuntura para hacer fechorías. De igual manera, menciona a personas con aspiraciones políticas, y personas resentidas o simplemente individuos que están en contra de todo.
Alegó que el contrato minero es responsabilidad de los gobiernos anteriores, pero la responsabilidad recayó sobre el presidente Laurentino Cortizo Cohen.