Profesora. Nixa Delgado Antúnez // Trabajadora Social
Al trabajo social, disciplina que sustenta su marco filosófico en amplia concepción humanista basada en los derechos humanos, el contexto actual de desigualdad, discriminación y pobreza de los sectores mayoritarios de la población, al margen del bienestar y la dignidad humana; le obliga a una actualización ético-política, de compromiso, que contribuya a su transformación, por un desarrollo humano, participativo, sostenible.
La crisis económica social se agudizó con la pandemia del covid-19 ampliando la desigualdad social en Panamá, generada por un sistema excluyente, que priorizó el crecimiento económico, el extractivismo de nuestros recursos, la explotación laboral, por encima de la humanidad.
En julio -2022, la población propició una amplia demanda social, producto de la confluencia de factores como, el alza del combustible, canasta básica y medicamentos; deficientes servicios de salud, educación, transporte, recolección de basura; colapso del sistema de seguridad social; aunado a la intransparencia del manejo de fondos públicos, mercantilización económica, clientelismo político, corrupción, aumento irresponsable de la deuda pública, responsables de esta crisis.
El gobierno no leyó dicha demanda que, en cadena, sumó mayoritariamente la población afectada paralizando al país por semanas, a través de la expresión genuina del pueblo cansado del sistema económico/político que perdía legitimidad dada la indiferencia e incapacidad de sus diferentes órganos. La ceguera del gobierno, y sectores de la empresa privada, produjo una salida engañosa en más de dos meses de “diálogo”, donde la representación del movimiento social mostró madurez con propuestas sustentadas, frente a la poca eficacia de medidas adoptadas por el gobierno, produciendo gran frustración en la población.
Un año después, enfrentaríamos la irresponsabilidad de órganos del Estado que comprometen el patrimonio nacional, la sostenibilidad ambiental, la soberanía nacional, la vida de las presentes y futuras generaciones, con un tratado ignominioso, firmado y aprobado sin miramientos, interponiéndose el interés y avaricia personal, sobre el interés nacional.
El Pueblo, con responsabilidad ciudadana se incorporó unánimemente, en una lucha sin tregua, reconociéndose el poder protagónico de la juventud panameña, como factor importante, al lado de organizaciones de educadores y otros gremios; comunidades indígenas; organizaciones ambientalistas; FEDAP, movimiento estudiantil-UP; SUNTRAC y otras organizaciones sindicales; lancheros y comunidades de Donoso, Coclé, Santiago, como de todo el territorio nacional; abogados; Universidad de Panamá, logrando que la Corte Suprema de Justicia, declarase inconstitucional la ley 406 del 20/octubre/23.
En la nueva cuestión social los protagonistas están cambiando, el poder se polariza, madurando la conciencia social, entendiendo que la condición humana es una construcción social y que el derecho al bienestar no es un don divino, sino un derecho social. El gran reto es contribuir a transformar ese Estado alejado de los intereses nacionales y del gran colectivo social. La base del debate actual apunta a la necesidad impostergable de enfrentar el tema de la gobernabilidad democrática, las transformaciones del Estado y la naturaleza de la política económico/social.
El trabajo social está obligado a participar con el pueblo, como sujeto histórico, en la lucha por una vida digna, por la reivindicación de sus más caros derechos humanos: civiles y políticos; económicos y sociales; ambientales; al patrimonio nacional, a la solidaridad, a la soberanía nacional, a la convivencia pacífica, a la paz.