Ana Samaniego/ Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UP
La corrupción, un fenómeno arraigado en la historia de la humanidad, ha trascendido fronteras nacionales y se ha convertido en un desafío persistente a nivel internacional. Afecta a gobiernos, empresas y sociedades en todo el mundo, debilitando las instituciones, distorsionando la toma de decisiones y socavando el desarrollo sostenible.
Antes de seguir con el desarrollo, es importante dejar claro que cuando se conceptualiza el fenómeno de la corrupción, no necesariamente lo ligamos a los sobornos y malversación de fondos en un país específico; se manifiesta de diversas formas, como el lavado de dinero, el tráfico de influencias y la evasión fiscal transfronteriza.
Todas estas actividades son producto de una serie de ramificaciones significativas en diversas esferas, incluidas las instituciones financieras internacionales, corporaciones multinacionales y organismos gubernamentales. En muchos casos, actores privados y servidores públicos coluden para facilitar prácticas corruptas, creando redes complejas que trascienden las fronteras nacionales.
Es gracias a esta problemática por lo que la corrupción -a nivel internacional- es objeto de reuniones, congresos, seminarios, estudios y análisis, entre ellas: La Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Caracas, Venezuela, del 29 de marzo de 1996; La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada en Nueva York, el 31 de octubre de 2003. La República de Panamá ratificó estas convenciones a través de la Ley 42 del 1 de julio de 1998, y la Ley 15 del 10 de mayo de 2005 -respectivamente.
Aunado a estas convenciones, la República de Panamá, para el año 2008, desarrolla la Jurisdicción de Cuentas, y crea El Tribunal de Cuentas de Panamá, a través de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, como entidad fiscalizadora, para mantener el control y supervisión de los recursos públicos, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas.
Ahora bien. En el camino hacia el futuro, como funcionaria de esta institución, es imperativo poder considerar estrategias que fortalezcan la labor del Tribunal de Cuentas. En primer lugar, propondría la adopción de tecnologías innovadoras que puedan revolucionar la fiscalización, permitiendo una auditoría más rápida y exhaustiva.
A su vez, propondría el uso de plataformas digitales para facilitar la recolección y análisis de datos, mejorando la calidad de los informes y proporcionando información en tiempo real a la ciudadanía.
Al margen de su funcionamiento, seguiría promocionando la autonomía institucional del Tribunal de Cuentas (aspecto crucial que debe ser protegido y fortalecido). Garantizar la independencia de este organismo frente a posibles influencias políticas contribuirá a consolidar la confianza ciudadana en sus funciones.
Asimismo, la participación ciudadana puede ser un catalizador para la eficacia del Tribunal. Fomentar la colaboración entre la sociedad civil y la entidad fiscalizadora podría abrir nuevas vías para identificar y abordar problemas en la gestión de los recursos públicos. La transparencia y la apertura a la ciudadanía fortalecerán la legitimidad del Tribunal y consolidarán su papel como garante del buen uso de los fondos estatales.
En conclusión, la perspectiva nacional sobre la labor del Tribunal de Cuentas de Panamá es un reflejo de la importancia que la sociedad atribuye a la fiscalización y transparencia en la administración pública. Proyectar hacia el futuro implica no solo abordar los desafíos actuales, sino también anticipar y prepararse para las demandas cambiantes de una sociedad en constante evolución.
Solo a través de la colaboración y el compromiso podemos aspirar con avanzar hacia un futuro donde la corrupción no sea un obstáculo para el desarrollo. La erradicación de la corrupción no solo es una responsabilidad ética, sino también una necesidad imperativa para construir sociedades más justas y equitativas.