Carlos Caballero /Periodista -Foto: Ian Arcia
El rector de la Universidad de Panamá (UP), doctor Eduardo Flores Castro, y el doctor Carlos Ayala Montero, magistrado presidente del Tribunal Administrativo de la Función Pública (TAFP), suscribieron el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional y el Acuerdo Especifico N° 1 cuyo objeto es promover el desarrollo, aplicación y difusión de la justicia laboral administrativa y establecer las bases para asesorar y diseñar un sistema de solución alterno de conflictos laborales.
Flores Castro destacó, en relación con la importancia del convenio, que la universidad cuenta con una Escuela de Diálogo en Resolución de Conflictos, que hasta el momento ha desarrollado un significativo trabajo que es compatible con la labor que desempeña el TAFP.
Señaló que el diálogo que se realizaba de manera improvisada y casi artesanal para la solución de conflictos se ha convertido en una ciencia. Por ello, manifestó su seguridad en el sentido de que la asociación entre la UP y el TAFP, aportará beneficios a la nación.
Por su lado, el director de Asesoría Jurídica, Vasco Torres De León, explicó que la firma del convenio permitirá a la primera casa de estudios superiores apoyar y cooperar con el TAFP en su labor de impartir justicia social al sector público.
Manifestó que la Escuela de Diálogo de la UP hará lo que esté a su alcance para cumplir con las expectativas de ambas entidades.
A través del convenio se promoverá el desarrollo, aplicación y difusión de la justicia laboral administrativa. Incluye la enseñanza superior y la investigación científica y tecnológica, enfocadas en fomentar la aplicación de métodos alternos de resolución de conflictos laborales.
El magistrado Montero señaló que con el convenio el tribunal distribuirá justicia administrativa de manera independiente y especializada. Asimismo, sostuvo que la alianza entre ambas entidades es estratégica y puede dar paso a que el país esté más anuente a la resolución de conflictos.
El Tribunal Administrativo de la Función Pública fue creado mediante Ley 23 de 12 de mayo de 2017 como un ente independiente, especializado e imparcial con jurisdicción en toda la República de Panamá para conocer las apelaciones contra las destituciones y acciones de recursos humanos dirigidas contra servidores públicos permanentes.