Carlos F. González /Psicólogo Criminólogo /Docente Universitario
La política criminológica fue aprobada en nuestro país el 10 de octubre de 2022 mediante Ley 739. Es un instrumento legal para analizar, desarrollar, implementar planes, programas y proyectos para prevenir la conducta criminal. Sin embargo, ha pasado, al parecer, a dormir el sueño eterno. La respuesta de la administración pública actual hacia la criminalidad ha sido reactiva y punitiva. Los delitos se han incrementado al igual que las pandillas en número y poder. Mismas que están siendo patrocinadas por carteles de otros lares. No se registran acciones concretas, salvo Panamá 3.0 para atender la amenaza que constituye estos grupos criminales organizados, tanto los del patio como los que tienen incidencia desde el exterior. Se ha incrementado el número de delitos, la violencia y los homicidios. Y estos delitos por lo regular se asocian a estos grupos criminales organizados. Dentro de las estrategias de estos grupos criminales organizados para penetrar las diferentes instituciones y otros actores de la sociedad está la corrupción para lograr sus fines y propósitos.
El primer escenario que se presenta hace referencia a los señalamientos que establecen que el poder político y económico de un país, promueve y avala la delincuencia para mantener a la población con miedo y control. Bajo estas circunstancias la población es menos propensas a cuestionar o desafiar a las autoridades; la industria de la seguridad puede beneficiarse económicamente de la percepción de peligro; la política la usa para ganar apoyo populista promoviendo políticas de mano dura que aparenta ser efectivo, pero no abordan las causas subyacentes del crimen y de la criminalidad.
El segundo escenario, es en un país donde se aplica una política de mano dura para contrarrestar la delincuencia que entre sus repercusiones se puede presentar un aumento en la seguridad, sí, pero al precio de atentar contra la democracia y suspensión de derechos y libertades.
Y un punto necesario que debe conocer o saber nuestras autoridades, es que la población puede desarrollar mayor desconfianza hacia las mismas cuando las medidas represivas la percibe como injustas o excesivas. Cabe señalar que la represión puede generar un ciclo de violencia donde las pandillas y grupos criminales organizados se vuelvan más violentos. Agregar que toda mano dura puede tener efectos negativos en la economía aumentando la pobreza y la desigualdad. Otro punto muy importante a destacar es que cuando se den enfrentamientos entre las autoridades y los grupos criminales se puede dar lo que se denomina daño colateral que son ciudadanos, víctimas inocentes de la violencia.
Proteger la población civil debe ser una prioridad en cualquiera estrategia de seguridad. Las operaciones se planifican y ejecutan con extremo cuidado para minimizar riesgos.
En conclusión, se deben fortalecer las instituciones con conocimientos y actualizaciones constantes, ya que la delincuencia es dinámica y se transforma constantemente, con logística, aumentando la moral de las unidades, apoyarse en la tecnología, fortalecer la cooperación regional, y promover la participación ciudadana entre muchos otros.