Carlos Caballero/Fotos: Ian Arcia /Carlos Caballero
La propuesta de reforma a la norma de la Caja de Seguro Social (CSS) ha tenido de fondo, desde sus inicios, lo referente a la calificación de riesgo. La citada calificación tiene que ver con el criterio de empresas que evalúan activos, o determinados productos, financieros.
En marzo de 2021 un análisis de Naciones Unidas, que cita a una experta del citado organismo sobre deuda externa y derechos humanos, sostuvo que “las agencias de calificación crediticia sufren defectos de nacimiento, como el conflicto de intereses y la falta de rendición de cuentas o transparencia en sus evaluaciones”.
Un grupo de economistas de la Universidad de Panamá (UP) manifiesta inquietud en torno a las finanzas y el fondo de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).
Rogelio Hernán Rubatino, profesor de la Facultad de Economía, califica de chantaje la presión que ejercen las empresas calificadoras de riesgo sobre el Gobierno para que entregue el capital a las administradoras de fondos de pensiones y bancos privados.
Acredita la intención como una imposición de las trasnacionales sobre los dineros de los asegurados. Es injusto que se ponga en riesgo su estabilidad financiera. Y, no vacila en afirmar que existe un interés desleal del Gobierno que se ha declarado proempresa privada.
Rubatino señala que la administración del presidente José Mulino ha decidido traspasar los fondos de la institución para facilitar las inversiones a la empresa privada. Si el mandatario tiene tanto interés de invertir el dinero de la CSS debe ponerlo en el Banco Nacional para que genere intereses y que estos reviertan a la entidad, explica.
Las empresas que crean las calificadoras de riesgo como Moody’s y Standard & Poor’s son las mismas que generan las grandes inversiones internacionales y obligan a los países a pedir préstamos. Arguye que la posición del Mandatario no es ética, transparente, ni honesta.
Destaca que no es confiable entregar el dinero de la CSS a la empresa privada, en virtud de que el ente financiero puede quebrar y la institución perdería todo.
Rolando Gordón, decano de la Facultad de Economía, revela que el Gobierno corre un gran riesgo al entregar los capitales de la CSS a la empresa privada utilizando el argumento de recuperar el grado de inversión. No existe certeza de que las inversiones sean 100 por ciento seguras, apunta.
Cita de ejemplo a Estados Unidos, que puso en manos de la empresa privada los fondos de pensiones. Y, que en la Unión Europea (UE), a principios de este siglo, surgió la crisis financiera. Esto provocó que las acciones descendieran; el dinero nunca fue recuperado y el asegurado fue el perdedor.
Desde que Mulino asumió la Presidencia declaró que el Gobierno es afín a la empresa privada. El Presidente nunca argumentó que trabajaría para el pueblo, al menos en esto fue honesto, aclara Gordón.
Si privatizan los fondos de la CSS, el jubilado recibirá 30% de su salario cuando se retire. Actualmente, solo le retorna el 60%.
Los ahorros de la CSS pueden crecer si el Gobierno invierte el dinero de la entidad en el Banco Nacional o la Caja de Ahorros. El economista expresa que los gerentes nombrados en ambas instituciones pertenecen a la nómina gubernamental, quienes se muestran en desacuerdo con que los fondos de la CSS se inviertan en la banca estatal.
Para el economista el presidente Mulino hará todo lo que tenga a su alcance para beneficiar a la empresa privada, incluso privatizar los fondos de la Caja de Seguro Social.
Juan Jované, profesor emérito de la Facultad de Economía, indica que Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, impulsa un proyecto que no le conviene al país. Intenta entregar las finanzas de la institución a las administradoras de fondos de pensiones y bancos privados.
Jované asegura que según Chapman los fondos de la CSS se utilizarán para recuperar el grado de inversión en el país.
El proyecto que promueve el Ministro es una medida represiva y retorcida que gira en contra de los beneficiarios de la entidad de seguridad social.
De acuerdo con el economista, la propuesta de la Universidad de Panamá indica que anualmente el Estado puede aportar a la institución el 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB).
El ministro Champan al defender el sector económicamente fuerte no quiere recordar que el problema de Panamá es fiscal. Agrega que la crisis se resuelve cobrando los 8 mil millones de dólares de impuesto que adeudan los empresarios al Estado.
La CSS es la única entidad financiera en el país que diariamente genera grandes sumas de dinero. Este capital es codiciado desde hace décadas por el sector privado. Por ello, han creado el cuento de recuperar el grado de inversión.
Jované denuncia que la propuesta de ley fue identificada por el exdirector de la entidad como Frankenstein.
La ley actual de la CSS contempla los Sistema Solidario y Mixto, sin embargo, la Asamblea intenta crear un tercer programa denominado Cuentas Individuales. Según el experto, esto creará un problema en la entidad porque los que devengan mejores ingresos migrarán hacia las cuantas individuales para dejar de ser solidarios con otras personas.
