Carlos Caballero/Fotos: Gustavo Donalicio I.A./Carlos Caballero
Panamá se ha convertido en un puente de tránsito, tras la política migratoria estadounidense. Al país, han llegado, deportados de Estados Unidos, migrantes de países asiáticos y otros territorios.
Panamá forma parte de los países puente, tras acceder a la petición del presidente Donald Trump en su política de deportación.
Para conocer un punto de vista, desde el ámbito legal y social, en relación con el hecho de que Panamá, particularmente, ante la imposición de los Estados Unidos, recibe a migrantes, no solo del norte, el Semanario La Universidad consultó con abogados y sociólogos de esta casa de estudios.
Raúl Jordán, abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, explica que Panamá, al igual que el resto de países, dispone de leyes para resolver los procesos migratorios. Al respecto, la Dirección de Migración emitió un nuevo permiso que brinda un estatus legal a quienes son devueltos tras la política que impulsa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Jordán añade que la administración del presidente José Raúl Mulino no ha querido comunicar al país por qué estas personas que salen de EU tienen tantos privilegios.
Dicha situación ha creado una crisis social porque se desconoce el tiempo en que estas personas estarán en el país. Agrega que la coyuntura es peligrosa, ya que, al permanecer en territorio nacional, no se sabe en qué lugar habitarán, cómo se alimentarán y cómo obtendrán los servicios de salud cuando los necesiten.
Es postura del académico que Panamá debe funcionar como un punto desde el cual los migrantes retornen a sus países de origen. Sin embargo, Trump los quiere fuera de las fronteras estadounidenses, sin importar lo que suceda en el país que los acoge.
Guillermo Ríos Valdés, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, argumenta que las crisis políticas generadas en distintos países han obligado a las personas a desplazarse utilizando a Panamá. No obstante, el tránsito ha rebasado las expectativas de la protección territorial que brinda el Estado.
La avalancha de deportados que ha ingresado al país, a través de ríos, montañas y mares, ha provocado que se ponga a prueba la seguridad nacional.
El jurista califica el acuerdo entre Panamá y EU como una imposición. Es un deterioro a su condición soberana y una violación al Tratado de Neutralidad.
La posición geográfica del istmo ha sido explotada por los países de América del Sur, África y Asia, que observan una ruta. Ante esta realidad se deben desarrollar estrategias que impidan el paso migratorio.
José Clemente Lasso Núñez, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá, percibe que debido a la política de expulsión que ha generado EU, en estos momentos, la migración se da del Hemisferio Norte hacia el Hemisferio Sur.
La imposición de EU en asuntos migratorios coloca al territorio istmeño en una situación difícil. Estas personas pueden llegar en estado depresivo o cualquier otra condición mental después de haber sido expulsadas de EU. La situación de los irregulares debe observarse con detenimiento porque no se conoce a quiénes están expulsando.
Esta imposición convierte a Panamá en cómplice de las violaciones de los derechos humanos en los que incurre EU. La nación puede librarse estableciendo políticas coherentes y una posición internacional denunciando la violación estadounidense.
Rebeca Yanis Orobio, socióloga e investigadora del Instituto de Estudios Nacionales (Iden), hace énfasis en que los últimos 3 gobiernos se dedicaron a establecer precios para legalizar el estatus de los migrantes. Desde la creación del “Crisol de Razas” el pago por alcanzar el estatus legal aumentó de manera considerable.
El desplazamiento de migrantes tiene efectos negativos, debido a que carece de estrategias coherentes que regulen la estadía y el paso. Los indocumentados han sobrepasado el manejo político de todos los gobiernos después de la invasión.