Carlos Caballero/Texto y fotos
El presidencialismo se concibe como un sistema de organización política caracterizado por la separación entre el poder legislativo y el ejecutivo, a cuya cabeza se sitúa el presidente de la república que cuenta con la legitimación de su elección derivada por sufragio universal directo para un mandato fijo. El modelo se completa con un sistema de controles distintos de los que rigen en los sistemas políticos parlamentarios. Pueden coincidir o no en el presidente de la república las condiciones de jefe de Estado y jefe del Gobierno (Diccionario Prehispánico del español jurídico).
Juristas en Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá (UP) analizan la institucionalidad del presidencialismo en contexto con lo que ocurre en el país.
La lectura del abogado Samuel Prado Franco, licenciado en Ciencias Políticas, e investigador de la Dirección de Investigaciones Históricas de la UP, opta por argumentar que el diseño constitucional nacional le otorga al Presidente niveles desproporcionados de facultades en los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Sugiere que la concentración excesiva de poder proporciona un ambiente de autoritarismo encubierto. Lo simplifica con la idea de que las voces disidentes son agredidas por la Policía Nacional (PN) y que los intereses de la población se subordinan a la agenda politiquera de quien gobierna.
Alude a que después de la invasión los mandatarios han utilizado el poder extremo para obtener lo que quieren a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y la Asamblea Nacional (AN). Además de doblegar y perseguir a opositores políticos.
Los recursos del Estado se aprovechan para sostener las estructuras del poder presidencial. En el intento, se adquieren armas químicas para controlar a la población que protesta por sus derechos. En esa línea de pensamiento aclara que, ante ello, las políticas públicas carecen de consultas y transparencias.
Otro abogado, Aresio Valiente López, director del Centro de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, acude al artículo 2 de la Constitución Política de la República que establece que el poder público solo emana del pueblo y es ejercido por el Estado mediante los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial; estos órganos actúan de manera separada, pero en armónica colaboración.
Insiste en que la norma es clara, el poder lo tiene el pueblo a través de los órganos del Estado. Esto significa que los poderes del Estado deben estar equilibrados. Cada órgano tiene que jugar el papel que le corresponde para frenar el abuso de poder. Es decir, el presidente José Raúl Mulino no debe tener poder absoluto en la toma de decisiones.
Valiente López sostiene que el sesgo de ejercer poder absoluto centra la atención en los otros órganos que no cumplen con el papel constitucional que les corresponde. La AN a través de las comisiones permanentes no ha fiscalizado al Órgano Ejecutivo para regular su actuación.
Menciona como ejemplo que el presupuesto del período 2025 fue rechazado por la AN debido a que el Ejecutivo lo bajó. Explica que una vez el presupuesto aumentó, lo aprobaron. Todo indica que el Legislativo actúa por interés y el Presidente lo aprovecha para ejercer el extremo poder que posee a través del chantaje.
Otra de las consideraciones jurídicas sobre el tema, la expone Carlos Bichet, director del Centro de Investigaciones Democráticas y Políticas de la Facultad de Derecho. Destaca que se torna imperioso investigar si los problemas que emergen del sistema político panameño abren camino al exceso de poder que posee el presidente Mulino, o si dicho poder nace de la política corrupta que abraza los estamentos que componen los órganos del Estado.
Expresa que Panamá sigue las tendencias del modelo presidencialista de los Estados Unidos, que, al independizarse de Inglaterra cambió el modelo monárquico por el presidencialista. Sin embargo, el modelo de EE.UU. es más equilibrado que el casi sistema absoluto que conserva Panamá.
Dicho de otra manera, en el istmo la politiquería se ha convertido en el modelo de gobernanza. El sistema político propio concentra el poder en el Ejecutivo, sin embargo, el sistema no fue creado para que se maneje de esta forma.
Bichet argumenta que en el país no existen instituciones serias que lleven los balances y contrapesos en la toma de decisiones, y por no existir, el Presidente toma ventaja para hacer lo que mejor le parece.
Explica que la Asamblea Nacional y el Órgano Judicial poseen los mecanismos correspondientes para frenar los excesos que surgen del Ejecutivo, sin embargo, no los ejercen debido al sistema de politiquería en el cual se encuentran inmersos por voluntad propia.
En relación con la Caja de Seguro Social (CSS) Bichet señala que los diputados que aceptan las políticas neoliberales votaron a favor de las reformas. El objetivo es apoyar las imposiciones que estableció el presidente Mulino sobre la ciudadanía. Es decir, los diputados que representan a los diversos partidos políticos, jamás ejercieron el contrapeso que se requiere para que exista el balance de poderes.
El catedrático manifiesta que cualquier proyecto de ley que toque los intereses de las élites económicas se verá interrumpido porque el Presidente ejercerá el extremo poder que posee para detenerlo puesto que sabe que a través de la politiquería conseguirá lo necesario para favorecer a este grupo de personas.