Carlos Caballero/Texto y fotos
Históricamente el ser humano, de forma colectiva y pública, se ha manifestado en desaprobación o desacuerdo de las decisiones gubernamentales.
La represión en contra de quienes protestan suele ser usada tras diversas argumentaciones que esgrimen los gobiernos. Al respecto, el Semanario La Universidad consultó con académicos universitarios para analizar sociolegalmente lo concerniente a la legalidad o no de las protestas.
El abogado Raúl Jordán, quien forma parte de la Vicerrectoría de Extensión, antes de dar a conocer su criterio, prefiere aclarar 2 conceptos, huelga y protesta.
Sostiene que la huelga es una interrupción colectiva de la actividad laboral efectuada por el trabajador con el fin de reivindicar logros. El concepto se aplica de manera técnica dentro del derecho laboral.
La protesta es la capacidad de manifestarse que ejerce un sector social para dar a conocer el descontento que tiene en contra de uno o varios temas.
Destaca que las protestas que ejerce la población son legales. El pueblo ejercita el derecho constitucional de estar en las calles alzando la voz frente a las reformas a la normativa de la CSS y el acuerdo que firmó el Gobierno con los Estados Unidos.
Señala que lo ilegal es la represión con gases químicos en contra de estudiantes de la Universidad de Panamá.
La valoración de Nelson Carreyó, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y abogado en Derecho Procesal, es que la Constitución Política de la República permite las manifestaciones pacíficas.
Enfatiza que mientras la administración Mulino se mantenga en la posición empresarial que ha definido, y no desarrolle el papel social para el cual fue elegido, las protestas continuarán.
Agrega que el uso excesivo de la fuerza y el ataque hacia los manifestantes con gases químicos por parte de la Policía Nacional es ilegal y debe ser sancionado.
Olmedo Beluche, sociólogo y director del Centro de Investigación de la Facultad de Humanidades, explica que la protesta es un derecho humano y la única manera a través de la cual la población defiende sus conquistas y da a conocer al Gobierno que no está de acuerdo con las decisiones que toma.
La protesta es un principio social que debe mantenerse. Explica que cuando el Gobierno no toma en cuenta al sector popular, este ejerce el derecho de salir a las calles.
Según el sociólogo y académico, Mulino interpreta sus decisiones como definitivas y sin equivocaciones debido a que mantiene la visión de un hombre obsesionado con el poder, obstinado y desapegado al bienestar del pueblo. La retorcida conducta del Gobernante es la que tiene al sector popular en las calles.
Beluche exterioriza que en democracia los gobiernos deben escuchar al pueblo. Sin embargo, al no ser escuchado, este tiene todo el derecho de salir a protestar hasta corregir las decisiones antipopulares.
Arguye que con la represión sistemática que lanza el Gobierno a través de calificativos ofensivos no detendrá el derecho a la protesta.
Asegura que el Presidente le tiene miedo al pueblo. Y, por ello lo desestima a través de calificativos ofensivos, pero no detendrá el derecho a la protesta.
José Clemente Lasso, profesor universitario y director del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades indica que la protesta es un derecho de los ciudadanos. Y, agrega que es la única alternativa que tiene el pueblo para ser escuchado.
Sostiene que el presidente Mulino llegó al Palacios de las Garzas con la idea de servir a la empresa privada. Los 2 últimos gobiernos han favorecido a este sector, el pueblo está harto de que se burlen de sus necesidades.
Según el catedrático, el proyecto emblemático que le pidió la empresa privada fue la reforma de la Caja de Seguro Social.
En relación con las reformas a la CSS la sociedad llevó sus propuestas, pero, el Gobierno siguió la agenda del Presidente. Las advertencias sobre la incorrección de las reformas se han convertido en protestas masivas.
Otra mirada sociológica viene de Enoch Adames, profesor de sociología de la Facultad de Humanidades. Manifiesta que la protesta es un derecho que tiene la sociedad para demostrar su descontento. Y, se ejerce cuando un gobierno como el del presidente Mulino impone conceptos, leyes y normas que perjudican al pueblo.
Añade que la naturaleza empresarial de la administración actual los ha llevado a utilizar el aparato del Estado para reprimir las protestas.
Aparte de la represión, Mulino también utiliza la violencia simbólica, etiquetando de comunistas a quienes protestan. Y, a quienes alzan la voz, como la UP, los califica como un nido de terroristas.
Explica que la visión retorcida de Mulino es intransigente, nociva y cavernaria. Las protestas son legítimas y el pueblo se encuentra en las calles producto del hartazgo y las imposiciones.