Gregorio De Gracia/Carlos Caballero/ Tomadas del sitio web del CIAM( Centro de Incidencia Ambiental -Panamá
La posible apertura de la mina de Donoso forma parte del listado de temas que rechazan las agrupaciones en protestas.
En la noche del lunes 27 de noviembre de 2023 el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional, de forma unánime, el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado panameño y la Sociedad Minera Panamá, S.A.
La decisión de la máxima magistratura de justicia del país fue anunciada por la presidenta magistrada, María Eugenia López Arias, mediante una transmisión pública y en directo, desde la Corte Suprema a las 7:10 de la mañana del martes 28 de noviembre.
En un post publicado en Instagram por TVN Noticias, tras la conferencia de prensa del jueves 24 de abril de 2025, se lee: “El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó este jueves que el futuro de la mina de cobre ubicada en Donoso, no será sometido a la aprobación de la Asamblea Nacional, ya que el nuevo modelo de operación no se tratará de un contrato ley, sino de una figura distinta que será ejecutada directamente por el Estado”.
Con el interés de analizar las implicaciones ante una probable apertura de la mina, el Semanario La Universidad quiso conocer el criterio de algunas fuentes académicas y profesionales de la Universidad de Panamá.
El doctor Rubén Souza, director del Instituto de Ciencias Ambientales y Biodiversidad (ICAB) de la Universidad de Panamá, se pregunta ¿por qué ciertas autoridades insisten en continuar con la minería? Recuerda que miles de panameños dijeron “No” y sostiene que la minería a cielo abierto ha causado grandes daños al medio ambiente nacional.
Desde la mirada ambiental Souza considera que sería catastrófico si continúa la explotación minera en Donoso. Imagínese si esa minera llegase a encontrar un yacimiento nuevo de otro mineral como: oro, plata, etc., se retomaría la destrucción de toda la cordillera, indica.
Agrega que dicha cordillera es una barrera natural importante que regula el clima.
Para el especialista, quien recuerda que Panamá es un territorio rico en biodiversidad, persistir en la explotación minería sería catastrófico, debido a la destrucción del ecosistema; esto provocaría graves daños al Corredor Centroamericano.
Señala que desde 1903 el país ha sido gobernado por una élite que actúa como parásito, con falta de visión. Insiste en que se trata de una élite que solo vela por obtener ganancias fáciles y que ha gobernado sin ser capaz de producir desarrollo en el resto del país.
La profesora Lidia Mercado, quien imparte educación en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, especialista en Derecho Civil, anota que el artículo 118 de la Constitución Política establece que: “Es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana”.
Aclara que la minería a cielo abierto produce daños irreparables al medioambiente y a las personas que lo habitan. Y, que, por encima de cualquier interés económico, la población y el medioambiente están protegidos por los derechos constitucionales, intentar algo diferente es una violación a la Constitución.
El doctor Aresio Valiente López, director del Centro de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UP, analiza cuáles serían las repercusiones legales en el caso de que surja una reapertura de la mina.
Explica que la Corte declaró inconstitucional la operación del contrato minero en Donoso, debido al incumplimiento de los protocolos establecidos en la ley y la Constitución.
Según el jurista, si el Presidente reabre la mina, teniendo un fallo de la CSJ, entraría en desacato y esto representaría un retroceso para la justicia.
De acuerdo con el criterio de Valiente López, si Mulino quiere que haya mina, tiene que someterlo a una licitación pública.
Alude a que como abogado se ha percatado de que los arbitrajes internacionales han sido favorables al Estado. Agrega que es un reto, pero según la realidad, existen elementos favorables al país.
Euclides Antonio Méndez, encargado de la Base de Datos del Instituto de Estudios Nacionales (Iden), comenta que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406, de 20 de octubre de 2023, mediante un fallo de 27 de noviembre de 2023.
Señala que la sentencia, unánime de los 9 magistrados, se basó en la Ley Nacional de Derecho de la Naturaleza. Es decir, la Ley 287, aprobada en febrero de 2022.
El fallo reconoce que la decisión constituye una expropiación indirecta a la empresa Minera Panamá.
De acuerdo con la lectura del investigador, el presidente Mulino está ignorando la separación de los 3 poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), lo que significa que la CSJ constituye un poder similar al suyo.
Manifiesta que en el mundo existen súper empresas respaldadas por poderes económicos que tienen mucho más capital que el Estado panameño. Era lógico y de esperar que una empresa de esta magnitud no se quedara de brazos cruzados. Asegura que estos consorcios aprovechan sus relaciones con las calificadoras y las estructuras judiciales internacionales para presionar a las nacionales.
Méndez concluye que la presión es uno de los peligros más graves que enfrenta la nación. Insiste en que estas empresas hacen lobby global para detener la inversión extranjera en Panamá. Revela que después del año del conflicto ocasionó una disminución del 30% de la inversión extranjera en el país.
Indica que el actual conflicto por el que atraviesa el país se debe a la acción de la minera y a los procesos legales e influencias que la empresa está articulando frente a lo cual el presidente Mulino ha dicho que la estructura económica se encuentra presionada.
El analista del Iden asegura que las demandas de las empresas mineras contra Panamá han sido retiradas por la oferta, legalmente cuestionable, del Presidente de renegociar la apertura de las minas.