Redacción

La Universidad de Panamá (UP) a través de un comunicado que emitió la Vicerrectoría Administrativa señala que la institución no tiene responsabilidad sobre la gestión o uso posterior de los fondos que recibe el contratista por el desarrollo de la construcción de la nueva sede del Centro Regional Universitario de San Miguelito (Crusam).
Agrega que esa responsabilidad recae exclusivamente sobre la empresa adjudicataria, la cual debe regirse por las normativas legales y fiscales vigentes en la República de Panamá, bajo la supervisión de los entes reguladores del Estado.
“Nuestra responsabilidad es asegurar que los fondos públicos asignados a la Universidad de Panamá se ejecuten con transparencia, exigiéndose la debida justificación de cada centavo previo a su desembolso, tanto por nuestro equipo técnico como por la Contraloría General de la República”, señala el documento.
En el comunicado, la universidad reafirma ante la ciudadanía y la comunidad universitaria que el proceso de contratación del proyecto “Estudios, Desarrollo de Planos y Construcción del Nuevo Centro Regional Universitario de San Miguelito” se llevó a cabo en estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 22 de Contrataciones Públicas, garantizando los principios de transparencia, debido proceso, libre concurrencia y publicidad.
El acto público N° 2018-1-90-0-08-LV-045271, publicado en el portal electrónico “PanamaCompra”, fue ampliamente difundido y cumplió con todas las etapas procedimentales requeridas, incluyendo la convocatoria pública y la reunión de homologación (en la que participaron 16 empresas).
Finalmente, tres empresas presentaron propuestas en la licitación, siendo adjudicada al Consorcio HCG, S.A., el 21 de octubre de 2019, al obtener la mayor puntuación (95.3 puntos) conforme a los criterios de evaluación establecidos y la evaluación técnica realizada por una comisión evaluadora especializada. El contrato fue refrendado el 10 de diciembre de 2019 por la Contraloría General de la República, bajo la administración del contralor Federico Humbert.
Como consecuencia de la paralización de los trabajos durante casi 2 años por la pandemia de COVID-19, la empresa presentó un reclamo de equilibrio contractual por los efectos económicos de dicha suspensión, por un monto de 28 millones de balboas. Tras solicitar asesoría a la Contraloría General de la República, se acordó un monto de 15.6 millones de balboas como compensación.
Con la llegada del nuevo gobierno, el rector envió una nota al Contralor, el 2 de enero de 2025 (R-D-2550-2025), solicitando una revisión de los procedimientos utilizados para fijar el monto del equilibrio contractual. A la fecha, la Universidad no ha realizado ningún pago sobre este monto.
En relación con la construcción de la nueva sede del Crusam el comunicado expresa que se trata de una iniciativa educativa de alto impacto. Es la construcción más grande emprendida por la Universidad de Panamá desde la edificación del campus Octavio Méndez Pereira.
Beneficiará a miles de estudiantes de San Miguelito, Panamá Norte y Panamá Este. Contará con 9 edificios con capacidad para atender a 18 mil personas en los 3 turnos de clases, y estará equipada con tecnología de punta y amplias comodidades, convirtiéndola en la sede universitaria más avanzada del país, tanto en el sector público como en el privado.

