Redacción/Carlos I. Caballero /Fotos Archivo
Aunque la ejecución presupuestaria general de la UP alcanza un 69%, la correspondiente al presupuesto de inversiones apenas llega al 4%.
El rector Eduardo Flores Castro solicitó al contralor de la República, Anel Bolo Flores De La Lastra, restablecer la Oficina de Control Fiscal en la institución, elevar el monto de refrendo a B/.50 mil, como se había establecido hace 2 meses, y agilizar los trámites pendientes.
De acuerdo con el Rector, el traslado de dicha oficina hacia la Coordinación Regional ubicada en Plaza Edison, desde el 7 de mayo de 2025, está impactando negativamente la ejecución presupuestaria de la universidad, la adquisición de bienes y servicios, y la ejecución presupuestaria.
Tras el referido traslado, existe una nueva exigencia en el sentido de que la mayoría de los documentos por refrendar -con excepción de las facultades de Ciencias Agropecuarias y Medicina-, deben pasar por la Coordinación Regional y luego ser enviados a la sede central de la Contraloría. Esto ha provocado un aumento considerable en los tiempos de gestión administrativa.
Debido a la decisión de la Contraloría, desde hace un mes y medio se han acumulado mil 450 trámites pendientes de refrendo: 700 se encuentran en la mencionada Coordinación Regional y 750 en la sede central de la Contraloría General.
Asimismo, las demoras de los trámites ponen en riesgo la continuidad de servicios. Por ejemplo, en la adquisición de insumos para las cafeterías, lo que afecta directamente el menú estudiantil.
El director General de Cafeterías, César Valdés, informó al Semanario La Universidad que en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad (Faeco), cuyas clases se mantienen en modalidad presencial, 4 mil estudiantes utilizan los servicios de alimentación.
Para ofrecer el servicio a los estudiantes de Faeco, han suplido la cafetería de dicho lugar con pocos alimentos. Sin embargo, los productos cárnicos se agotaron.
Aseguró que cuando la universidad decida retornar a las clases presenciales en el campus, la población alimentaria regresaría a 50 mil.
Manifestó que la compra de alimentos se realiza para suplir a las 7 cafeterías y el centro de producción de la universidad. Por ello, hasta que esta situación se resuelva, el servicio a la comunidad universitaria ha sido suspendido.
Explico que después del traslado de la Oficina de Control Fiscal a Plaza Edison, las órdenes de compra se trabajan con lentitud, y una vez revisadas, pasan a la sede principal en la Avenida Balboa, lo cual retarda el proceso porque por lo general esos trámites tardan 15 días para su aprobación. Sin embargo, en este momento, Control Fiscal tiene cerca de 22 órdenes de compra que superan los 15 días.
Otros trámites que están en peligro, citados por Flores Castro son: suspensión de la confección de diplomas y actos de graduación debido a la falta de materiales; limitaciones en la movilidad de docentes y estudiantes para giras académicas, compra de materiales, equipos de laboratorio e insumos necesarios para las investigaciones; afectación en el suministro de alimentos para los niños del Centro de Atención Integral de la Primera Infancia de la UP (CAIPI).
También, afectación a la gestión institucional, incluyendo pagos, contrataciones y mantenimiento en diversas áreas; dificultad en el pago de servicios como agua y electricidad y la compra de combustible y actividades agrícolas como la siembra y cosecha de arroz.
La solicitud del Rector fue hecha pública a través de un comunicado titulado, “Impacto por el traslado de la Oficina de Fiscalización de la Contraloría de la Universidad de Panamá”.
La nota suscrita por el doctor Flores Castro también llama la atención con relación a la ejecución presupuestaria general que, aunque alcanza un 69%, la del presupuesto de inversiones apenas llega al 4%, lo cual es bajo considerando que dicho presupuesto está destinado a la ejecución de obras, adquisición de maquinaria y equipos, y adecuaciones a la infraestructura a nivel nacional.