Rainer Tuñón C. / Director de Información y Relaciones Públicas de la UP
Existen prácticas del poder que todos conocen, pero pocos se atreven a denunciar con formalidad. Son los llamados “secretos a voces”: mecanismos de corrupción normalizados que se repiten con cada administración, cambiando de nombre, nunca de método. Manuel Villoria Mendieta en su obra Corrupción y buen gobierno en América Latina, advierte que estas acciones forman parte de prácticas arraigadas en redes clientelares, debilidad institucional y mecanismos de impunidad.
Uno de los ejemplos más evidentes es el de las contrataciones públicas dirigidas. Aunque se presentan como procesos transparentes, muchas licitaciones ya tienen ganador antes de publicarse. Pliegos a la medida, tiempos imposibles y requisitos innecesarios construyen una competencia ficticia. Esto distorsiona el gasto público y envía un mensaje corrosivo: la meritocracia pierde frente al amiguismo.
A ello se suma el uso político de las planillas estatales: personas que cobran sin trabajar, nombramientos por favores electorales y salarios que funcionan como pago encubierto por lealtades de campaña. Este mecanismo erosiona la ética pública y refuerza la idea de que el Estado es un botín y no un servicio al país.
Otros mecanismos son más sofisticados, como el uso de fundaciones, consultorías y ONG que permiten mover dinero con menos controles y justificar pagos inflados. Son estructuras legales utilizadas para fines ilegales, difíciles de rastrear y aún más complejas de sancionar.
También existe un blindaje entre partidos que compiten en público, pero negocian en privado: hoy no te investigan; mañana no investigas a los míos. Ese pacto tácito garantiza que muchos escándalos nunca pasen de los titulares a expedientes formales. Una justicia lenta o selectiva termina siendo parte del problema.
Uno de los “secretos a voces” más engañosos para la democracia es el uso de la publicidad estatal como herramienta de presión a los medios. Los gobiernos premian a los complacientes y castigan a los críticos retirando pauta o dosificando apoyo. El resultado es una prensa silenciosa, menos dispuesta a investigar. La autocensura se convierte en mecanismo de supervivencia económica.
Incluso las filtraciones —con frecuencia celebradas como actos de transparencia— operan como armas en la guerra política. Muchas veces se filtran datos para destruir a un rival, no para servir al interés público. En este juego, los periodistas quedan atrapados entre la búsqueda de la verdad y las agendas ocultas del poder.
Las presiones a la prensa no siempre son amenazas explícitas; a veces son llamadas “cordiales” de operadores, exclusiones en ruedas de prensa o campañas de desprestigio que surgen por ahí. En un país donde el acceso a la información es limitado y los medios dependen del Estado, estas presiones pesan profundamente.
En la era digital, la batalla se desplaza a las redes sociales: bots, trolls, “seudo influencers” pagados y campañas financiadas con recursos opacos se convierten en extensiones modernas del aparato propagandístico.
El problema no es solo la existencia de estos “secretos a voces”, sino la resignación colectiva que los acompaña. Expresiones como “así ha sido siempre en el país del no pasa nada” son como un escudo de impunidad. Cuando la corrupción deja de escandalizar, la democracia se desgasta. En este escenario, el periodismo ético sigue siendo una de las pocas herramientas capaces de iluminar estas zonas oscuras. Romper el silencio no siempre genera justicia, pero suele ser el primer paso para recuperar la esperanza.