Rainer Tuñón Cantillo /Director de RR. PP de la UP
En el debate público panameño persiste aquella apelación a las necesidades del “pueblo” como si se tratara de una entidad homogénea, estable y moralmente unívoca. Esa operación retórica funciona como atajo de legitimación: simplifica conflictos, ordena afectos y reduce la deliberación a consignas. El “pueblo” aparece así menos como una comunidad plural y más como un comodín discursivo al que se invoca cuando conviene.
Desde una lectura laclauniana, el “pueblo” puede operar como significante articulador de demandas heterogéneas. El problema surge cuando esa unificación borra diferencias reales y tensiones internas, y convierte la complejidad social en una narrativa cómoda. Lo popular deja entonces de ser un espacio de disputa democrática para transformarse en un decorado retórico.
Esta simplificación se intensifica en el ecosistema digital. La circulación de información responde hoy a incentivos de inmediatez, emocionalidad y polarización. Más que discutir causas, se señalan culpables; más que explicar procesos, se viralizan escenas. Como advertía Jesús Martín-Barbero, el problema no es solo lo que dicen los medios, sino cómo se producen sentidos en la vida social. El desplazamiento “de los medios a las mediaciones” permite entender por qué, en Panamá, la vida cotidiana de sectores históricamente excluidos se convierte con facilidad en materia prima representacional: se exageran acentos, se editan gestos, se construyen personajes. El “panameño de a pie” queda atrapado en una romantización que lo visibiliza, pero no lo reconoce como sujeto de derechos.
En ese contexto, la llamada “voz del pueblo” deja de ser horizonte de inclusión y se convierte en instrumento de disputa simbólica. El reclamo por servicios públicos, el malestar por el costo de la vida o la expectativa del “chen chen” son leídos como fallas morales y no como expresiones de una aspiración legítima de ciudadanía. Sin embargo, la literatura sobre democracias latinoamericanas advierte que la ciudadanía puede ser irregular. Guillermo O’Donnell habló de “ciudadanía de baja intensidad” para describir escenarios donde el Estado de derecho se diluye para los pobres, las mujeres o ciertos territorios. Cuando el acceso a derechos es incierto, la gente aprende a resolver por rutas informales.
La mediatización contemporánea agrava el cuadro al convertir el conflicto en espectáculo y la indignación en consumo rápido. Frente a ello, la comunicación comunitaria debería apuntar a transformar la crisis en deliberación: escucha activa, identificación de necesidades, seguimiento de soluciones y evaluación pública. En una región marcada por la fragilidad de la autoridad política y la manipulación informativa, el desafío es reconstruir confianza sin caer en salidas autoritarias.
Panamá no necesita un “pueblo” reducido a caricatura. Necesita una esfera pública capaz de reconocer pluralidades, derechos y responsabilidades. El tránsito de la cultura del favor a la cultura del derecho exige instituciones que cumplan, medios que contextualicen y ciudadanía que participe sin tutela. Solo así lo popular dejará de ser un recurso narrativo y volverá a ser comunidad política.