Lic. Zany Y. Vergara M./ Estudiante graduanda de Derecho
Panamá se ha consolidado históricamente como un hub de conectividad global gracias a su posición geográfica. Si bien el Canal y el sector marítimo han sido los pilares de sus activos geopolíticos, el sector aéreo comercial aún no ha sido explotado plenamente desde una perspectiva normativa y de políticas públicas estratégicas.
El Aeropuerto Internacional de Tocumén moviliza anualmente cerca de 20 millones de pasajeros. No obstante, las cifras revelan una brecha importante: solo unos 640,000 viajeros han ingresado al país mediante el programa Stopover. Esto plantea una interrogante crítica sobre si los mecanismos actuales de promoción son suficientes para transformar una escala técnica en una experiencia turística efectiva que incentive la estadía o el retorno.
Desde la óptica geopolítica, cada pasajero en tránsito representa una oportunidad estratégica. Resulta fundamental que el Estado diseñe incentivos para que quienes realizan conexiones generen un impacto económico directo en comercios y comunidades locales. La legislación turística debe actuar como una herramienta complementaria del derecho aéreo, capaz de transformar la conectividad en desarrollo económico y posicionamiento internacional.
Actualmente existe una asimetría regulatoria. Mientras que los sectores marítimo y societario gozan de amplios beneficios fiscales y normativos, el sector aéreo comercial no ha recibido un tratamiento equivalente. Esta debilidad estructural en las políticas públicas limita la capacidad de nuestro Estado para capitalizar su red de destinos.
Para cerrar esta brecha, es necesario que los programas de promoción se fortalezcan mediante: incentivos fiscales específicos para el sector aéreo-turístico, facilidades migratorias dinámicas para pasajeros en tránsito y una legislación moderna que facilite el consumo y la permanencia temporal.
Siguiendo ejemplos regionales de países como República Dominicana, Panamá debe alinear su legislación turística con su política exterior y los principios de la OACI. En este sentido, diversos expertos coinciden en la necesidad de elevar la Autoridad de Turismo a rango de Ministerio. Esta transformación dotaría al sector de la capacidad institucional y el liderazgo político necesarios para coordinar una estrategia nacional coherente.
Por ello, fortalecer la legislación turística panameña y reorientarla hacia el sector aéreo comercial no es solo una decisión económica, sino una apuesta estratégica. Con una visión eficiente de política exterior debemos convertir a los pasajeros en escala en nuestros «embajadores turísticos» ya que debemos ver a cada viajero es un promotor de nuestro país en el extranjero, al igual debemos invertir normativamente en la aviación comercial y consolidar un marco institucional robusto permitirá a Panamá capitalizar su posición geográfica y reforzar nuestro rol en el escenario internacional.