Mgtr. Carlos F. González |Psicólogo Criminólogo| Docente Universitario
Panamá enfrenta una realidad compleja en materia de seguridad ciudadana que exige respuestas responsables y sostenidas. En este contexto, desde la academia también se hace necesaria la revisión del contenido de ciertas ofertas, a fin de asegurar que respondan de manera efectiva a las necesidades del país y contribuyan a la construcción de una sociedad más segura.
De acuerdo con datos conocidos sobre la efectividad de las investigaciones de homicidios, persiste un porcentaje significativo de casos sin resolver. Esta anotación confirma que el país requiere de profesionales con formación pertinente y capacidades reales para aportar a la investigación, prevención de la violencia, atención de la corrupción y fortalecimiento del sistema de justicia.
No obstante, al observar algunas ofertas académicas vinculadas con estas áreas, surgen interrogantes legítimas sobre su pertinencia, su articulación con el mercado laboral y su impacto real en las instituciones que deben absorber a sus egresados. En ciertos casos la formación parece no contar con las facilidades mínimas para el aprendizaje práctico, como laboratorios adecuados, equipamiento suficiente y escenarios de aplicación acorde con la naturaleza de la carrera.
A ello se suma una preocupación frecuente entre estudiantes y egresados: la limitada inserción laboral, los salarios poco atractivos, las jornadas extensas y en algunos casos, la percepción de que existe exclusión institucional. Estas condiciones generan frustración en jóvenes que invierten tiempo, esfuerzo y recursos en una preparación que debería abrirle oportunidades concretas de servicio al país.
Otras ciencias se enfrentan a situaciones del no reconocimiento profesional ni salidas laborales definidas. El país requiere de profesionales que estudien las causas reales de la violencia, la corrupción y la inequidad para proponer políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de prevención del delito. Los egresados de estas carreras no pueden quedar en el aire sin contribuir con sus conocimientos a disminuir el clima de inseguridad que vive el país.
Un señalamiento contundente que se debe hacer es el siguiente: ¿si las ofertas académicas no resuelven homicidios, no investigan corrupción, no disminuye la violencia para qué se ofrecen o para qué se crean? O se revisan, actualizan o se eliminan.
La oferta académica debe responder a la necesidad real del país. Que generen empleo, que mejoren la efectividad judicial y disminuyan las cifras de impunidad. Todo esto fortalece el sistema de justicia.
Desde nuestro punto de vista se hace necesario que se investiguen con eficacia, mejora de infraestructura, equipamiento, capacitación en instituciones de justicia y evaluación constante de efectividad.
La inseguridad, la violencia y los homicidios en Panamá exigen ciencias vinculantes que sean efectivas y eficaces, que contribuyan a la justicia y generar un desarrollo real para el país.