José M. Tulier / estudiante de Administración Pública
Cada cierto tiempo, en algún cajón de la Asamblea Nacional, resucita el mismo anteproyecto: uno que busca reglamentar el ejercicio de la profesión de Administrador Público en Panamá. Cambian los diputados que lo firman, cambian algunas palabras del articulado. Pero el destino es siempre el mismo: se presenta, pasa por comisión, y ahí muere en silencio. La versión más reciente, corrió la misma suerte que sus antecesoras: fue rechazada en comisión, sin debate público y sin que la mayoría de los panameños se enterara de que existió.
Sin embargo, pocas iniciativas legislativas tienen argumentos tan sólidos detrás, y la mayoría de ellos nacen precisamente en esta casa de estudios. El anteproyecto no inventa nada extravagante: propone lo que ya existe en buena parte de América Latina, lo que recomiendan organismos como el ICAP y el CLAD, y lo que la propia Facultad de Administración Pública —con más de 1,500 estudiantes matriculados entre el campus central y sus sedes regionales— lleva décadas pidiendo: que quien ejerza funciones de administrador público cuente con la formación académica correspondiente y con idoneidad reconocida, igual que se le exige a un abogado, un médico o un ingeniero.
No hace falta mucha lectura entre líneas para entender por qué este proyecto nunca avanza. Reglamentar la profesión implica que los cargos técnicos y gerenciales del Estado empiecen a ocuparse por licenciados en Administración Pública con idoneidad, y que las vacantes futuras sigan ese criterio. Eso choca con una costumbre arraigada en la política panameña: repartir posiciones públicas entre familiares, amigos y operadores de campaña, muchos sin competencia técnica para ejercerlas. Un anteproyecto que devuelve esos cargos al mérito es, en el fondo, una amenaza directa a esa forma de hacer política. Por eso tal vez se cae en comisión, una y otra vez, sin un debate abierto que obligaría a alguien a justificar públicamente por qué prefiere el compadrazgo sobre la competencia.
Quienes estudiamos esta carrera lo vivimos de manera muy concreta: nos formamos durante cuatro años en gestión pública, políticas públicas y administración de recursos del Estado, y llegamos a un mercado laboral gubernamental donde esa formación no es requisito para casi nada. El puesto técnico que debería ser nuestro terreno natural termina, con frecuencia, en manos de alguien cuyo mérito principal fue haber tocado la puerta correcta en campaña.
Por eso este no es un tema gremial menor, sino un asunto de eficiencia estatal. Un Estado que profesionaliza su administración es, sencillamente, un Estado que funciona mejor. Y por eso mismo corresponde, en primer lugar, a esta Facultad: a las nuevas autoridades que resultaron electas retomar la conversación con seriedad, buscar los mecanismos políticos y académicos para que el anteproyecto deje de morir cada periodo en comisión, y acompañarlo activamente hasta convertirlo en ley de la República. No para beneficiar a un gremio, sino para empezar a cerrarle la puerta al nepotismo y a la política de favores que tanto le ha costado a este país.