Carmen Guevara y Gregorio De Gracia/Texto y fotos
¿Existen las condiciones sociales, políticas y jurídicas para una Constituyente?
La falta de confianza en la población, un clima de represión contra el movimiento popular, el control de los partidos políticos tradicionales y determinar si el país necesita una nueva Carta Magna, reformas a la existente, o una transformación en la forma en que las instituciones y los ciudadanos cumplen las normas vigentes, parecen ser las objeciones que sostienen algunos académicos y especialistas de la Universidad de Panamá en relación con la propuesta del presidente José Raúl Mulino.
“En 2027 tendremos una Constituyente”, afirmó Mulino durante su intervención en la cena anual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa.
El profesor Marco Tulio Londoño, catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, sostiene que una Constituyente, tal como suele plantearse, no está contemplada dentro de los mecanismos establecidos por la Constitución de la República de Panamá.
Aclara que la Constitución establece mecanismos específicos para realizar reformas, como la aprobación mediante referéndum y durante 2 períodos legislativos distintos.
Señala que una Constituyente que opere al margen de esos mecanismos constituiría una situación de hecho y representaría un riesgo para la institucionalidad.
A su juicio, tendría amplias facultades para modificar el orden existente, incluso afectar la estructura de los poderes del Estado.
Cuestiona la expresión “constituyente paralela”, al considerar que no constituye una figura reconocida por el derecho y resultaría jurídicamente contradictorio mantener simultáneamente 2 sistemas de poder.
Para el jurista Paulo Marenco Chávez, también de la Facultad de Derecho, el debate sobre una Constituyente trasciende la pregunta referente a cambiar la Constitución.
La discusión constitucional debe estar acompañada de un cambio de actitud de gobernantes y ciudadanos, advierte. Plantea la necesidad de establecer reformas que sean favorables a la población y que surjan de una participación directa del pueblo.
La profesora de Derecho Penal, doctora Julia Sáenz, arguye que la función principal de la Constituyente es consignar los lineamientos jurídicos que protejan y garanticen los derechos fundamentales de la población.
Destaca la importancia del principio de constitucionalización, entendido como el conjunto de normas de naturaleza constitucional que determina tanto el procedimiento como el contenido del Derecho Positivo de un Estado.
Desde esta perspectiva, cualquier discusión sobre cambios a la Carta Magna debe considerar el marco jurídico que regula su modificación, puntualiza Sáenz.
Para el director del Centro de Investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá (Cifhu), doctor Olmedo Beluche, en teoría, la Constituyente es la Carta Básica de cualquier Estado.
Todos sabemos que la Constitución vigente data de 1971, hecha durante el momento progresivo del régimen militar, pero con reconocimiento de muchos derechos sociales. Por eso, la actual Carta Magna es contradictoria, ya que en algunos aspectos es antidemocrática y en otros, bastante democrática.
Sostiene que la propuesta del presidente Mulino de crear una Constituyente en las condiciones que él quiere, sería antidemocrática y controlada por los partidos políticos tradicionales; por ende, no saldría nada bueno para el pueblo.
La represión del régimen dictatorial de Mulino contra el movimiento popular, indica que será una constituyente manipulada similar a los parches que han hecho durante estos casi 40 años.
A juicio de Beluche, el gobierno empresarial de Mulino expresará los intereses de la clase empresarial a la que él representa. Los sectores populares y los que se oponen al proyecto minero de Donoso no tendremos representación en esa manipulada constituyente, afirma.
Considera que la Constituyente debe contar con una representación genuina del pueblo, a través de los sectores populares, como el movimiento campesino, los sindicatos, la dirigencia estudiantil, los defensores de la ecología y las provincias.
El profesor Samuel Prado Franco, investigador en Filosofía y Ciencias Políticas del Instituto de Investigaciones Históricas, recuerda que el debate constituyente no es nuevo y que sectores sindicales, estudiantiles y populares han defendido en distintos momentos la convocatoria de una Constituyente originaria.
No obstante, advierte que algunos juristas han considerado esa posibilidad equivalente a una ruptura del orden constitucional, debido a que podría implicar la sustitución de los poderes constituidos.
Resalta que cualquier proceso constituyente tendría además una dimensión política. Habría que definir cómo serían elegidos los constituyentes, si participarían partidos políticos, independientes o ambos, y cuáles serían los temas sometidos a revisión.
Por ello, considera que se trata de un proceso mucho más complejo de lo que aparenta.
Euclides Antonio Méndez, historiador y responsable de la Base de Datos del Instituto de Estudios Nacionales (Iden) de la Universidad de Panamá, sostiene que en estos momentos no están dadas las condiciones para una Asamblea Constituyente, ya que el Gobierno no cuenta con la confianza y la simpatía de la población, tras poseer un perfil muy elevado de autoritarismo, además de haber sojuzgado a las demás fuerzas políticas y sociales del país.
Este es un gobierno autoritario que no tiene oposición, puede imponer su voluntad en un proceso constituyente, aun cuando seleccione a uno o a otro ciudadano confiable.
Afirma que, por otro lado, las organizaciones sociales más importantes del país están reprimidas. Es decir, que no existen condiciones políticas para una Asamblea Constituyente.
El historiador también anota que el Gobierno descalifica la Constitución de 1972. Incluso, la pone por debajo de la de 1946.
El presidente de la República se ha definido por responder al sector empresarial, desde hace mucho tiempo ha querido bajar los niveles de responsabilidad social del Estado. Por estas razones pensamos que no estamos en el momento político para llevar a cabo una Asamblea Constituyente, insiste Méndez.