Lic. Yamaira Palacio /Centro de Investigación Empresarial /Faeco
Panamá, conocida por su vibrante economía, su posición estratégica y su espíritu emprendedor, se enfrenta a un enemigo silencioso pero implacable: la evasión fiscal. Este fenómeno, que a menudo pasa desapercibido en el fragor del día a día, actúa como una hemorragia interna que desangra las arcas del Estado, socavando su capacidad para invertir en el bienestar de sus ciudadanos y el desarrollo sostenible del país. Es hora de que, como sociedad, confrontemos la magnitud de este problema y exijamos acciones contundentes.
La evasión fiscal no es simplemente una infracción contable; es un acto de deslealtad cívica que priva al país de recursos cruciales. Cada dólar que no se declara, cada impuesto que no se paga, es un dólar que deja de financiar hospitales, escuelas, carreteras y programas sociales. En un país como Panamá, donde persisten desigualdades significativas y la demanda de servicios públicos de calidad es constante, el impacto de esta fuga de capitales es devastador.
Consideremos las cifras, aunque a menudo son difíciles de cuantificar con precisión debido a la naturaleza misma de la evasión. A nivel global, se estima que billones de dólares se pierden anualmente debido a prácticas evasivas.
Panamá, como centro financiero y logístico, no es inmune a estas dinámicas. La evasión fiscal reduce drásticamente la base imponible del gobierno, forzándolo a operar con presupuestos más ajustados y a depender más de la deuda o de impuestos regresivos que afectan desproporcionadamente a los sectores de menor ingreso.
El impacto financiero va más allá de la simple pérdida de ingresos. La evasión fiscal distorsiona la competencia leal en el mercado. Aquellas empresas y particulares que cumplen con sus obligaciones tributarias se encuentran en desventaja frente a quienes no lo hacen, lo que desincentiva la formalidad y fomenta una economía subterránea. Esto crea un círculo vicioso de informalidad, precariedad laboral y menor protección social.
Además, la percepción de impunidad ante la evasión fiscal erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Si los ciudadanos honestos ven que otros eluden sus responsabilidades sin consecuencias, ¿qué incentivo tienen para cumplir con las suyas? Esta desconfianza puede llevar a una menor participación cívica y a un debilitamiento del tejido social.
¿Qué podemos hacer? En primer lugar, es fundamental fortalecer la capacidad de fiscalización de la Dirección General de Ingresos (DGI), dotándola de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para detectar y sancionar la evasión de manera efectiva. Esto implica invertir en sistemas de información avanzados, capacitación continua para los auditores y una mayor integración de datos entre diferentes entidades gubernamentales.
Finalmente, la educación fiscal es vital. Es importante que los ciudadanos comprendan que el pago de impuestos no es una carga, sino una contribución necesaria para el desarrollo y el bienestar colectivo. Fomentar una cultura de cumplimiento tributario desde las escuelas hasta las empresas es un paso fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa.