Dr. Rónel S. Solís Castillero/ Profesor de Derecho Internacional Público CRU de Azuero
A principios del Siglo XX, el autor Lassa Oppenheim añoraba el día que los historiadores pudiesen declarar la gran victoria del Derecho Internacional sobre la anarquía internacional.
En la actualidad, autores como Ian Hurd nos hablan de que tomemos con seriedad el hecho de que este Derecho es una herramienta estratégica.
Aún peor, otro autor como Moustafa Bayoumi, del periódico The Guardian, nos indica la peligrosidad de su “reconstrucción” selectiva al servicio del poder. Gaza es hoy el escenario más visible de ese proceso, pero no es el único ni el primero. Bayoumi nos dice que la guerra en Gaza no solo destruye vidas y territorios, sino que vacía de contenido al Derecho Internacional Humanitario. Las normas no desaparecen; se reinterpretan y la legítima defensa se expande hasta justificar lo que antes era inequívocamente ilegal.
Este patrón no es nuevo. Panamá, en 1989, fue un precedente temprano. La invasión estadounidense, justificada en nombre de la democracia y la captura de un jefe de Estado, violó la prohibición del uso de la fuerza y causó una destrucción masiva de zonas civiles como El Chorrillo. No hubo sanciones ni investigaciones internacionales serias. El mensaje fue claro: el derecho podía ser ignorado si el relato era políticamente aceptable. Fue una erosión silenciosa, pero eficaz.
Irak profundizó el quiebre. La invasión de 2003 no solo careció de base jurídica sólida; normalizó la idea de la guerra preventiva y debilitó la credibilidad del sistema multilateral. El derecho no frenó la guerra: fue reinterpretado para acomodarla.
Afganistán confirmó la mutación. El Acuerdo de Doha de 2020, negociado con el Talibán y no con el gobierno afgano reconocido, reconfiguró principios básicos de soberanía y legitimidad. No se destruyó el derecho; se le colonizó para facilitar una salida estratégica. Aquí el mensaje dado era que la legitimidad ya no emana del derecho, sino de su utilidad para el poder.
Gaza representa hoy la fase más extrema de esta reconstrucción normativa. Y Venezuela aparece como una inquietante proyección que nos revela la normalización de la idea de la captura armada de líderes políticos extranjeros.
Visto en conjunto, Panamá, Irak, Afganistán, Gaza y Venezuela no son episodios aislados. Son etapas de un mismo proceso histórico.
Panamá demostró que la impunidad era posible. Afganistán mostró que se podía redefinir quién cuenta como interlocutor legítimo. Gaza evidencia que la destrucción masiva puede ser normalizada. Venezuela anticipa un mundo donde capturar líderes por la fuerza se presenta como legalidad emergente.
Eso es, en esencia no el fin de la ley, sino su reconstrucción como coartada del poder. Un derecho que ya no marca límites, sino que redefine lo aceptable. Frente a ello, la única defensa real del orden jurídico no proviene de los Estados poderosos, sino de quienes se niegan a aceptar esta nueva legalidad como normal.