Bolivar J. Pérez M./Docente de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad de la UP .
Las evaluaciones y acreditaciones de carreras de la educación superior aseguran la generación de capital humano y talento humano e incrementan la productividad y el crecimiento económico. La entidad encargada de implementar estos procesos es el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior Universitaria de Panamá.
La concordancia entre la agencia acreditadora, universidades y, no menos importante, organizaciones dedicadas a la planificación prospectiva que prevén suplir la demanda laboral requieren ajustar la provisión adecuada de recursos destinados a la educación superior. De este modo, la acreditación es una oportunidad de mejorar y no una amenaza que busca fundamentos para dirigirse al cierre de carreras.
Las acreditaciones se deben hacer considerando las diferencias en el tipo de gestión entre universidades particulares y oficiales. Por una parte, en las primeras, una figura de autoridad nombra a la junta de directores y al rector; por tanto, la toma de decisiones tiene una mayor agilidad. En las oficiales, la democracia promueve la rotación de cargos y los controles fiscales ralentiza los procesos, provocado incumplimiento de plazos y dificultades para agrupar evidencias que lleven a la acreditación de forma fluida.
Reconocer esto marca la importancia de ajustar los plazos para el proceso de autoevaluación de acuerdo con la calendarización diferente entre universidades particulares y oficiales.
Al iniciar un proceso de acreditación de carreras, debe haber una comunicación asertiva del objetivo del proceso. Mitigando la resistencia al cambio que entiende el proceso como una amenaza en perjuicio de prácticas reconocidas como confiables, dificultando recolectar y presentar evidencias para lograr la acreditación.
Las sensibilizaciones realizadas de manera práctica y estratégica, posicionando a los funcionarios técnicos que apoyan el proceso de evaluación como aliados en lugar de inquisidores, reducen situaciones estresantes, fallas de comunicación y errores, haciendo el mismo más viable para evitar un cierre de carreras.
La perdida de oportunidades educativas y movilidad social como consecuencia de un cierre de carrera en alguna universidad oficial motiva a recapacitar sobre la importancia de cumplir con los puntajes requeridos para una acreditación por seis años.
Un cierre de carrera puede traer escenarios en donde sea posible distorsiones de mercado en beneficio de las universidades particulares u otra modalidad, que obtendrían mayores incentivos fiscales, a cambio de prometer egresar mano de obra altamente cualificada con habilidades blandas y duras, en consecuencia, la universidad particular potenciaría sus ventajas competitivas ante las universidades oficiales.
De ahí la importancia de un consenso entre los grupos de interés para solucionar los problemas de la educación superior y enrumbar las acreditaciones más allá de toda duda a garantizar la calidad educativa y la eficiencia institucional.
Maximizar sus resultados exige puntualizar los desafíos internos y externos que interfieran en su alcance y así asegurar que las instituciones educativas puedan formar profesionales competentes y ciudadanos responsables.